El Ayuntamiento de Cádiz (PP) y el delegado provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Manuel Cardenas (IU), se han cruzado hoy sospechas de adjudicaciones irregulares de viviendas sociales en la capital gaditana.

La polémica política sobre la gestión de viviendas sociales ha crecido en la capital gaditana después de que, tras los desalojos de dos familias que habían ocupado dos viviendas de protección oficial, IU denunciara el caso de la amenaza de desalojo que pendía sobre una mujer que vive en un piso de alquiler social y que adeuda a la empresa municipal de vivienda, Procasa, más de 6.000 euros.

El Ayuntamiento ha explicado en una nota de prensa que la demanda presentada por Procasa contra la mujer, residente en la calle Alcalde Blazquez 4, se debía a "la constatación de la falta de uso social que la adjudicataria estaba haciendo de la vivienda, además del impago de la misma".

Añade el Ayuntamiento que la renta mensual de la vivienda es de 33,60 euros, "y no paga ni un solo mes desde mayo de 2000; es decir, lleva sin pagar el alquiler catorce años".

Según el consistorio gaditano, la adjudicataria llevaba "años" sin ocupar el piso de manera regular, porque, como ella misma ha contado a la prensa, tenía que cuidar de su padre, que reside en Chiclana.

"Existen muchas familias gaditanas que necesitan de manera urgente una vivienda para los 365 días del año. Y como también es patente, los pagos de alquileres de familias que no pueden acceder a una vivienda social cuestan al Ayuntamiento de Cádiz, a todos los gaditanos, del orden de 300 a 400 mil euros mensuales", añade el comunicado.

En la nota en la que informaba sobre este asunto, el equipo de gobierno municipal acusaba a IU, que hizo público el caso, de ofrecer datos falsos y añadía que "en cualquier caso" si IU está "muy preocupado por estos problemas de vivienda" que "intenten convencer al delegado de Fomento y Vivienda de la Junta (Manuel Cárdenas) que use para éste y otros casos similares, el procedimiento que -al parecer- ha usado con personas del entorno del número ocho de la lista de Izquierda Unida a las últimas municipales".

En otra nota posterior, el teniente de alcaldesa de Comunicación del Ayuntamiento de Cádiz, Juan José Ortiz, ha demandado a Cárdenas "que explique cuál fue el proceso de adjudicación y el régimen jurídico de las viviendas resultantes de la rehabilitación de la finca Isabel La Católica 19, donde -al parecer- se ha favorecido al entorno del número siete de las listas de Izquierda Unida a las últimas municipales de Cádiz y a alguna que otra activista de las que tanto frecuentan los plenos del Ayuntamiento de Cádiz".

Por su parte, Cárdenas, en una rueda de prensa que ha ofrecido como coordinador provincial de IU, ha exigido al PP que "si tienen algo que objetar lo hagan con nombres y apellidos" y "abandonen las insinuaciones y acusaciones veladas" y ha asegurado que las adjudicaciones que lleva a cabo la Consejería se realizan con un proceso "impecable".

Cárdenas ha animado al consistorio "a que demuestren lo contrario" y ha agregado "ya nos gustaría decir lo mismo del Ayuntamiento, que probablemente sean ellos los que lo tengan que demostrar en los juzgados", en referencia a la denuncia que la Fiscalía de Cádiz ha enviado a un juzgado al apreciar indicios de prevaricación en el proceso de adjudicación de las 102 viviendas de alquiler social de la promoción Matadero.