El secretario general del PSOE de la ciudad de Cádiz y portavoz municipal, Fran González, ha exigido al Ayuntamiento de Cádiz "explicaciones" sobre "los controles que realiza del uso de las viviendas sociales municipales", tras las informaciones en las que el Ayuntamiento indica que una reciente demanda de desahucio efectuado por la empresa municipal de vivienda de Cádiz (Procasa) se debe a "falta de uso social de la misma durante años".

En una nota de prensa, González afirma que "si como da a entender el Ayuntamiento, la adjudicataria llevaba 14 años sin dar uso continuado a la vivienda", el Consistorio "debería explicar qué controles del uso de las viviendas sociales realiza, o si es que no se está realizando ningún tipo de control y pueden existir mas viviendas municipales sociales desocupadas o con inquilinos que no están en situación de necesidad social, lo cual sería de extraordinaria gravedad dada las necesidades de vivienda existentes en la ciudad".

"De ser cierto lo manifestado por el Ayuntamiento de Cádiz estaríamos ante una nueva muestra de la mala gestión municipal que, además de los retrasos en los pagos de los arrendamientos sociales, ahora estaría reconociendo una absoluta dejación del control del parque municipal de vivienda social", indica González.

El dirigente socialista expone que el uso efectivo de una vivienda "puede ser fácilmente comprobado a través, por ejemplo, de los consumos de agua y luz". Para el portavoz socialista "sería un sinsentido promover un desahucio de una vivienda municipal social por impago de renta contra una persona a la que se le asigna la vivienda precisamente por sus dificultades de pago".

"Ahora bien, si como dice el Ayuntamiento el motivo es la falta de uso y, por tanto, la no justificación de la necesidad de vivienda de la inquilina durante varios años, se tendría que haber actuado con mayor diligencia para que esa vivienda pudiera haber sido rápidamente asignada a alguna de las personas que sí tienen urgente necesidad, con lo que se evitarían conflictos por situaciones de ocupación", afirma.

González incide en los casos de viviendas okupadas, que "no sólo demuestran, como dice el Ayuntamiento, que hay familias con necesidad urgente de vivienda, sino que también demuestra que el Ayuntamiento no esta siendo ágil en la asignación de las viviendas".

De esta manera "parece que el Ayuntamiento es el último en enterarse de las viviendas de las que dispone, y cabe preguntarse si, además de tardar años en advertir y actuar ante la falta de uso de las viviendas, tampoco controla que los usuarios de las viviendas municipales sean las personas a las que el Ayuntamiento las adjudicó, o si siguen cumpliendo actualmente los requisitos por las que se produjo la adjudicación".

Por último, González pide "mayor transparencia en materia de vivienda social" al Ayuntamiento de Cádiz, recalcando que la oposición está "acostumbrada" a que desde el Ayuntamiento se le "obstaculice o niegue la información", pero que sería "deseable" que a los inquilinos de las viviendas "se les clarificara en qué situaciones se admite la no utilización temporal de la vivienda, como puede ser, por ejemplo, debido al cuidado de familiares".