Meses antes de las elecciones de 2015, en diciembre de 2014, el gobierno municipal, entonces presidido por la popular Teófila Martínez, pidió al Ministerio de Medio Ambiente la cesión de la gestión del castillo de San Sebastián. De esta forma, la regidora consideraba que se podía acelerar la rehabilitación de la fortificación, ralentizada por la falta de inversiones públicas.

En aquel momento estaba en vigor un convenio de cesión de uso de las instalaciones, con fecha de caducidad hasta 2017 y con posibilidad de renovarse cuatro años más, hasta 2021. Las posibilidades que daba el convenio para actuar eran limitadas, por lo que el municipio consideraba más adecuado asumir totalmente la gestión de estos 40.000 metros cuadrados de suelo.

La Dirección General de Costas declaró la innecesariedad de estos terrenos en abril de 2015. Es decir, afirmaba que por su parte no había problema alguno para que pasase a manos del Ayuntamiento de Cádiz. A partir de ese momento sólo había que dar un paso: que el Ayuntamiento lo aceptase a su vez y que las dos administraciones se sentasen, con Patrimonio del Estado como mero transmisor del suelo, para culminar la operación.

Desde entonces han pasado cuatro años. Y nada. El castillo sigue estando en manos del Estado. Costas no sabe qué hacer con la fortificación, cada vez en peor estado de conservación, porque no entra dentro de su ámbito de actuación. Y el Ayuntamiento, ya con el gobierno de José María González, sigue reclamando su traspaso.

Esta circunstancia sorprende al subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, que no comprende porque el Ayuntamiento aún no ha dado el paso para confirmar la cesión, cuando han pasado ya cuatro años desde su autorización por parte de la Dirección General de Costas, a la vez que no entiende que salgan en los medios reclamando esta medida "cuando son ellos los que no dicen nada".

A la vez, una vez terminada la vigencia del convenio de 2013, en 2017 el Ayuntamiento pidió su continuidad. Hace apenas unos meses se criticaba el silencio del Estado ante esta solicitud. Pero en este caso, José Pacheco resalta que el convenio se prorroga tácitamente si una de las dos partes así lo pedía, lo que así ha ocurrido.

El subdelegado del Gobierno y la propia Demarcación de Costas asumen el mal estado de la fortificación, pero insisten en que el edificio sigue estando en manos del Ayuntamiento. Y es el Ayuntamiento el que debe de ratificar que sigue estando interesado en gestionarlo, más allá de la cesión hoy en vigor.

En este sentido, se menciona la situación en la que se encuentra el laboratorio del Ceimar que ocupa varias dependencias del castillo y que desde los temporales del año pasado se encuentra cerrado, a pesar de la importante labor de investigación, promoción e información que venía realizando.

El Ceimar se ubica en el castillo por una cesión realizada por el Ayuntamiento, para sorpresa del Estado, aún propietario de la fortificación. "En ningún momento el gobierno local nos informó de esta cesión a terceros, por lo que la UCA no tiene concesión alguna para la explotación de este equipamiento". Ello no significa que se vaya a reclamar a la UCA el cierre de estas dependencias, sino que explica para el subdelegado el silencio con el que actúa el Ayuntamiento que es, afirma, "el único responsable de que el laboratorio siga cerrado".

El pasado mes de marzo, durante una visita a la ciudad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el alcalde José María González, pidió la redacción por parte del Estado de un plan especial para las murallas de Cádiz.

También hace unos meses, desde San Juan de Dios se afirmó que se habían llegado a realizar hasta seis peticiones a Costas ante daños localizados en las murallas, especialmente en el paseo de Fernando Quiñones.

Todo ello deja claro que existe una absoluta falta de comunicación entre las dos administraciones, algo siempre grave y más cuando hablamos de uno de los referentes de la historia, la cultura y, ahora más que nunca, el turismo de la ciudad. En definitiva, uno de los pilares de nuestra economía.