Evitar los desahucios. Éste fue uno de los compromisos que adquirió José María González el pasado 13 de junio, cuando fue investido alcalde de Cádiz. Con tal fin, el equipo de Gobierno ha elaborado un protocolo antidesahucios que el Ayuntamiento podría empezar a aplicar en una semana si la judicatura acepta la propuesta municipal relativa a la articulación de mecanismos de coordinación entre el Consistorio y el poder judicial.

Una propuesta que ayer conoció el juez decano de Cádiz, Pablo Sánchez, durante una reunión que mantuvo en el Ayuntamiento con el regidor y las concejalas de Asuntos Sociales y Vivienda, Ana Fernández y Eva Tubío, respectivamente.

Al término del encuentro, el propio alcalde explicó a los medios que el protocolo consta de dos partes diferenciadas: una primera que concierne directamente al poder judicial, puesto que se le pide que notifique "en tiempo real" al Ayuntamiento el inicio de un expediente que pueda terminar en un desalojo o en un desahucio. González apuntó entonces que lo habitual viene siendo que el Consistorio conozca estos casos siete días antes: "Cuando nos hemos enterado de las situaciones que podían desembocar en un desahucio o en un desalojo ha sido una semana antes. Si contamos con más tiempo para actuar, podremos poner en marcha recursos que antes no podíamos porque el margen de maniobra era muy reducido". "Teniendo más tiempo para actuar, hay más posibilidades de darle solución al asunto", insistió.

Y la segunda parte del documento se centra en la creación de una Oficina de Defensa de la Vivienda en la que los profesionales de Procasa y de la Delegación municipal de Asuntos Sociales pondrán a disposición de la ciudadanía "todos los recursos de los que dispone el Ayuntamiento para luchar contra los desahucios".

Además, concretó que la oficina contará con una dotación de abogados, trabajadores sociales y educadores sociales. "Estos profesionales ejercerán una labor de mediación y de acompañamiento a las familias durante el proceso de búsqueda de una nueva vivienda. La labor de mediación es muy importante porque a veces impide que se produzca el juicio". "El objetivo es actuar antes de que se produzcan los desahucios con el fin de evitarlos", subrayó.

En los próximos días la Junta de Jueces deberá pronunciarse sobre esta propuesta municipal de protocolo antidesahucios. El regidor se mostraba ayer esperanzado, dada "la buena sintonía" y "el clima de entendimiento" con el juez decano. "La semana que viene tendremos una respuesta y estamos convencidos de que será positiva. Será entonces cuando procederemos a la firma del acuerdo", sonrió.

Por su parte, la edil Tubío recordó que la pasada semana se reunió con el decano y el vicedecano del Colegio de Abogados, y está pendiente también la firma de un acuerdo con ellos.

Asimismo, apuntó que el Ayuntamiento elaborará un Plan Municipal de la Vivienda que incorporará "muchas medidas encaminadas a recuperar viviendas tanto de particulares como públicas" para ponerlas al servicio de personas en riesgo de desahucio.

Al respecto, González señaló que el equipo de Gobierno está trabajando en dos líneas de actuación bien definidas. La primera, a corto plazo, se centra en la búsqueda de una alternativa habitacional para las familias que lo precisen, y para ello está previsto reunirse con propietarios, inmobiliarias y grandes tenedores de viviendas. "Hasta ahora, el Ayuntamiento tenía dudosa honra como pagador. Muchas inmobiliarias no se fiaban, y debemos recuperar esa legitimidad, credibilidad y confianza en el Consistorio".

Y la segunda línea de trabajo, a medio-largo plazo, consiste en crear una bolsa de viviendas en alquiler social. El propio alcalde advirtió de que este reto "requiere de un trabajo más a fondo". "Nos sentaremos con propietarios que no tienen dinero para rehabilitar sus fincas y estudiaremos qué mecanismos activar para que viviendas que están vacías puedan formar parte de ese parque de viviendas de alquiler social que queremos crear".

A todo esto hay que sumar otro objetivo del equipo de Gobierno: instar a la Junta de Andalucía a que reactive el Plan Andaluz de la Vivienda. Un paso que el Gobierno local dará "cuando tengamos el Plan Municipal de Vivienda", porque "es la Junta la que tiene las competencias reales en materia de vivienda". "Cuando las instituciones trabajan juntas son capaces de trabajar mejor", finalizó González.