Tres realidades, a cual más preocupante, parecen evidentes en relación al Castillo de San Sebastián. La primera es que pese a ser una fortificación histórica de un potencial rotundo y un enclave privilegiado, ninguna administración se quiere hacer cargo de ella ni tiene planteado el más mínimo proyecto (viable) de uso y desarrollo; la segunda es que este abandono está llevando al antiguo recinto militar al borde de la ruina, con zonas gravemente deterioradas y ya ni siquiera vigiladas tras los problemas municipales con la empresa de seguridad privada que se encargaba también de esta custodia; y la tercera es que este estado actual de San Sebastián tiene como precedente cercano una inversión que supera los 15,6 millones de euros, nada menos. Un claro ejemplo -otro más en Cádiz- del dispendio económico de la administración pública para proyectos que nunca terminan de ver la luz o que terminan en la nada.

Todo ello se desprende de la última respuesta parlamentaria que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, ha otorgado en relación al castillo a preguntas del Partido Popular (por medio de José Ortiz). Realizada hace unos días (a finales de junio), el Gobierno recuerda cómo después de pedir el Ayuntamiento de Cádiz la desafectación de San Sebastián y su cesión gratuita a la ciudad -en el año 2015, en la recta final del mandato de Teófila Martínez como alcaldesa-, una vez hechas las gestiones oportunas “dicho ayuntamiento a pesar de los reiterados requerimientos de documentación realizados, no los ha atendido”.

Recuerda el Gobierno central que para llevar a cabo esa desafectación, el inmueble que estaba agregado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tuvo que pasar al Ministerio de Hacienda (responsable de la desafectación y cesión), para lo cual se declaró la innecesariedad del castillo “para la protección del dominio público marítimo-terrestre”. Ha sido con el edificio en manos de la Dirección General de Patrimonio cuando se ha producido el silencio absoluto del Ayuntamiento, que además de la petición elevada en 2015 ha gozado de la cesión del castillo desde el año 2013 “por un plazo de 4 años, por lo que ya ha finalizado, sin que hubiera prórroga tácita”.

Por tanto, ante un expediente cuya tramitación se ha eternizado por el silencio del Ayuntamiento y un edificio declarado Bien de Interés Cultural cuyo estado empeora considerablemente sin que nadie ponga remedio, el Gobierno señala que es Costas la responsable de “cumplir las obligaciones que la legislación cultural imponga”; una encomienda que ya desde la Demarcación de Costas se ha insistido en varias ocasiones que traspasa sus capacidades y límites de actuación, considerando que al igual que el resto de murallas de la ciudad debería ser misión del Ministerio de Cultura.

Todo ello después de informar de unas inversiones, entre 2009 y 2018, que superan los 15,6 millones de euros. Es el año 2010, en plena preparación del Bicentenario de la Constitución de 1812, cuando se alcanza la cifra máxima de inversión anual en el castillo, con 8,3 millones de euros dirigidos en exclusiva a la rehabilitación de las casamatas, proyecto que necesitaria de otros 2,5 millones de euros en 2011 y de 735.237,47 euros más en 2012 hasta hacer un total de 11,7 millones de euros hoy sin utilidad alguna.

Los ejercicios de 2011, con 2,7 millones de euros; y 2011, con otros 2,5 millones, siguen al año 2010 en cuanto a inversiones materializadas en San Sebastián por la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, que como última inversión destinó casi un millón de euros (959.555,63 euros, en concreto) en una actuación de emergencia para la reparación estructural del paseo Fernando Quiñones.