Ni la frontera de Cádiz está en la Puerta de Tierra, por más que algunos vecinos del casco antiguo así lo consideren defendiendo las raíces de la ciudad, ni lo está en Cortadura.

Hay un largo y extenso territorio que aún conforma el término de Cádiz capital, una de las ciudades con menor superficie de España y que desde hace décadas ha tenido que dejar marchar a miles de conciudadanos por la falta de suelo construir viviendas o levantar fábricas, que nunca ha sido aprovechado por la ciudad, a pesar de que en el último medio siglo se han acumulado ideas muy diferentes, algunas planteadas con lógica y otras que significaban la locura y que afortunadamente no salieron adelante.

El territorio entre Cortadura y el Río Arillo, la verdadera frontera de Cádiz con San Fernando, es territorio en su mayor parte inexplorado y desconocido para los gaditanos. Más allá de la extensa playa de Cortadura o el club de pesca en Santibáñez junto a las instalaciones militares de Torregorda y la estación depuradora, no hay más.

Hasta ahora, cuando la iniciativa privada se ha puesto manos a la obra con la recuperación ciudadana de parte de este suelo, creando el primer espacio medio ambiental de la capital, lo que pone más en evidencia el fracaso de la iniciativa pública que en los últimos añospues no ha sido capaz de sacar adelante ningún tipo de actuación de interés general.

Hay que tener en cuenta que estamos en un territorio que forma parte del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, y que mientras se ha mimado el tramo que pasa por El Puerto de Santa María, con senderos peatonales, equipamientos, zonas para ver la Bahía..., en Cádiz la inversión ha sido nula.

Y eso que de manos públicas han llovido ideas desde hace ya un siglo.

El alcalde Ramón de Carranza propuso hace un siglo, y sus técnicos elaboraron el correspondiente diseño, la construcción en la zona de la playa de una zona para celebrar carreras de caballo en la arena, con gradas para el público y áreas reservada para las clases más pudientes, aunque las necesidades urbanas y los cambios políticos hicieron olvidar este plan que, en todo caso, se proyectaba para un territorio que estaba a muchos kilómetros del casco urbano.

El proyecto de la Zona Franca Internacional

En los años cuarenta la firma del acuerdo económico entre España y Argentina, el llamado Protocolo Perón-Franco, convirtió a Cádiz en el gran puerto de entrada a toda Europa de los productos del país americano.

Para ello era necesario realizar un inmenso relleno en el saco de la Bahía, entre Cortadura y la curva de Trocadero, con una superficie casi idéntica a la que entonces tenía la ciudad (todavía sin la barriada de La Paz). Allí se levantaría la Zona Franca Internacional y la Zona Franca Argentina, incluyendo una pequeña ciudad satélite para los trabajadores de ambas infraestructura.

La operación, sin duda hubiera salvado a Cádiz de la profunda crisis económica en la que estaba inmersa, pero hubiera destruido medio ambientalmente toda la Bahía. Los conflictos políticos internos en el régimen de Perón dieron al traste con este inmenso proyecto del que no quedó ni la zona internacional, que debía de construir el gobierno español, que se limitó a una Zona Franca más reducida en espacio.

El proyecto del aeropuerto en Torregorda.

Por esta época el Ayuntamiento pintó un pequeño aeropuerto en la curva de Torregorda. A pesar de que contó con el apoyo del General Varela no obtuvo financiación para ejecutarlo, aunque el equipamiento se redujo al mínimo. Después, el plan se trasladó al Bajo de la Cabezuela para, finalmente, apoyar la conversión de La Parra como aeropuerto provincial.

De la mano de la administración local, también durante el franquismo, se impulso la construcción de un inmenso barrio, denominado Cádiz-3, rellenando más de 300.000 metros cuadrados en el saco de la Bahía, para cerca de 200.000 habitantes. Se seguía la estela de los promotores madrileños que desde la década de los sesenta pretendían urbanizar Santibáñez y la que al principio de los setenta propuso la Sociedad Playas de Cortadura, con el objetivo de levantar 7.500 pisos a pie de la playa del mismo nombre.

Todo ello hubiera supuesto un descalabro ecológico y social, metiendo a medio millón de personas en menos de 15 kilómetros cuadrados de superficie.

El proyecto de viviendas sobre palafitos.

Pero si nada de ello salió afortunadamente adelante, tampoco se avanzó en proyectos de valor público. Algunos fueron peculiares, como el cementerio que en la etapa de Carranza se diseñó entre Torregorda y Río Arillo, o la isla a la entrada de Cádiz como camposanto de la ciudad en la etapa ya democrática, con el PSOE en el gobierno. Ni las viviendas sobre palafitos proyectadas también en primera línea de la ciudad por el PP. Si ninguna de estas actuaciones con un evidente calado urbanístico y, por ello, con un rendimiento económico más evidente, han salido adelante, tampoco han pasado de ser meras promesas otras operaciones de evidente valor ambiental.

En la que más se avanzó fue en el proyecto del Parque de las Salinas. Se planteó aprovechando las inversiones públicas que llegaron a la ciudad con motivo de las celebraciones del V Centenario. Se elaboró incluso un extenso y ambicioso proyecto, con un coste superior a los 500 millones de pesetas de la época.

Tampoco se ha activado la recuperación del emblemático Molino del Río Arillo, que durante años se vio inmerso en un tortuoso proceso administrativo al ser de propiedad privada. El edificio aguanta gracias a las obras de emergencia que se ejecutaron hace unos años. En 2015 todas las administraciones acordaron reactivar su recuperación. Y hasta la fecha.

Para este inmueble también han existido propuestas privadas, como la de utilizarlo para el tratamiento de hipoterapia, o como zona de ocio y medio ambiente.