Hace doce años la Junta de Andalucía incluyó al edificio de la Aduana de Cádiz en el catálogo de inmuebles protegidos, valorando su estilo arquitectónico. Aunque la propuesta surgió de un colectivo ciudadano, contrario al derribo del inmueble previsto en el Plan Plaza de Sevilla, fue finalmente impulsada por una decisión política de la administración regional, entonces en manos del PSOE, que mantenía un duro enfrentamiento con el Ayuntamiento de la capital, gobernado por el PP.

Doce años más tarde, la Junta ya no considera que la Aduana tenga un valor arquitectónico que obligue a mantenerla en pie y se muestra dispuesta a revertir la norma que aprobó en 2008.

Sin ser esencial, la eliminación de la Aduana jugaba un papel relevante dentro del Plan Plaza de Sevilla al permitir recuperar la visión de la fachada de la histórica terminal ferroviaria de 1905. Entonces se afirmó, por parte de los defensores de su eliminación, que su permanencia quitaba relevancia a un edificio con historia, como era la estación.

Ahora, con todas las administraciones de acuerdo retrocedemos doce años y nos situamos en 2008, el día antes de la declaración de la protección de la Aduana, como si nada hubiera pasado.

Dejando a un lado las dudas sobre la seriedad de una administración, que protege hoy un edificio y mañana admite su derribo, el caso de la Aduana se une al largo listado de proyectos ciudadanos que se han visto afectados en su desarrollo por los cambios de opinión de sus promotores, hasta el punto de provocar su paralización o ralentización.

Nadie tiene claro cuál será el futuro del antiguo Valcárcel.

Aún sigue coleando, como ejemplo más cercano, la operación del antiguo Valcárcel.

Cuando se puso sobre la mesa en 2004 se proyectó su rehabilitación para transformarlo en el primer hotel de lujo de Cádiz. Se tenía la empresa promotora, se tenía el proyecto e incluso se manejaba la inversión a realizar: 50 millones de euros. Como es conocido el proyecto fracasó por la lentitud de las mismas administraciones que lo habían impulsado y por la llegada de la crisis.

La alternativa fue ubicar en el edificio la Facultad de Ciencias de la Educación. De nuevo, todos de acuerdo. Lo más importante: la Junta compromete su inversión... hasta que hay cambio de gobierno y donde antes el PSOE decía sí, el PP dice ahora no, aunque los mismos conservadores defiendan este equipamiento en otros foros.

Este cambio de opinión de la Junta deja en el aire una operación de importante calado ciudadano, pues formaba parte del plan de potenciación del Campus de Cádiz defendido por la UCA y el gobierno municipal.La falta de claridad en los proyectos también está incidiendo en la necesidad de dar valor al suelo del polígono exterior de la Zona Franca.

El diseño incluido en el PGOU, hace más de una década, proyectaba industrias limpias acompañadas por tiendas, oficinas, viviendas y hoteles. Hoy este planteamiento se ha quedado solo en el papel, pues se defiende un uso puramente industrial, alejado del sector residencial y el terciario. Teniendo en cuenta la necesidad de espacio para empresas que tiene Cádiz, este parón tampoco ha sido positivo para los intereses de la capital.

El castillo tendría que ser el gran emblema cultural y turístico de Cádiz.

Pero peor le va al castillo de San Sebastián.

En su día, tanto desde el PP como desde el PSOE se afirmó que su futuro inmediato era convertirse en el Guggenheim de Cádiz.

De nuevo la Junta, en la etapa socialista, se puso al frente de su recuperación aprovechando los fastos del Doce y proyectó lo que se dio por llamar el Faro de las Libertades, con un gran complejo expositivo en las casamatas y espacios abiertos para actividades culturales y de ocio.

A la Junta se le acabó el dinero y las ganas y abandonó el lugar.

Ahora no hay ni ganas ni nadie que afronte su reforma, millonaria, para dar uso a uno de los equipamientos más potentes de la ciudad. Ideas: muchas. Desde uso hotelero, sede de los estudios náuticos, museo marítimo, centro de investigación... Pero de impulso definitivo, ninguno, mientras que el castillo comienza a languidecer de forma cada ves más peligrosa.

Puerto América también quiso ser mucho y nada es, por el momento. Se proyectó como epicentro del deporte náutico en la Bahía, fracasando antes determinar el inmueble. El Ayuntamiento del PP luchó por levantar allí un hotel y se encontró con la negativa del PSOE... hasta que años más tarde, cuando los populares ya no gobernaban, fueron los mismos socialistas los que aprobaron su uso hotelero, por lo que la ciudad perdió la oportunidad de contar con otro hotel que aún hoy está sin construir,

La Junta proyectó un aparcamiento en altura en San Luis.

Un baile de proyectos ha dado también el solar del Chalé de San Luis, que lleva cerca de 40 años pendiente de un uso definitivo. Los dos últimos tuvieron promotores diferentes. El Ayuntamiento planteaba una nueva biblioteca pública, mientras que la Junta, propietaria del suelo, proyectaba un aparcamiento en superficie. Ante la falta de acuerdo, y del silencio que sobre buen parte de su suelo mantiene la actual administración regional, el último gran solar vacío de la Avenida sigue utilizándose como un aparcamiento en precario.

Todos estos proyectos han agotado años de debates y de olvidos, en una ciudad falta de suelo, falta de equipamientos y, sobre todo, falta de proyectos de gran calado que pueden ayudar a tirar de su economía (especialmente del estilo del castillo de San Sebastián y de la Plaza de Sevilla).

Todos, sin excepción, han estado en mitad de una guerra ideológica entre las dos principales administraciones sobre las que gira la ciudad, el Ayuntamiento y la Junta, cambiando una y otra de opinión sobre los usos de estos suelos según el color político que gobierne en cada momento.

Es, lo que se llama una ausencia de consenso a la hora de proyectar para el futuro una ciudad en crisis.