El Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad han unido sus esfuerzos para plantear un penúltimo intento por salvar al castillo de San Sebastián de la ruina a la que se ve abocado ante su nulo mantenimiento.

Sin ninguna obra en la inmensa fortificación desde 2015, y sin perspectivas de que su propiedad, el Gobierno central, afronte trabajos en el mismo, el castillo, con una superficie de más de 40.000 metros cuadrados, comienza a alcanzar niveles de deterioro muy importantes, especialmente en el primer tramo del mismo. Desde hace unos años se encuentra cerrado al público para evitar accidentes.

Tras no salir adelante un proyecto de la UCA que planteaba, con los fondos Next Generation, la conversión del castillo en un Museo de la Ciencia, para lo que se habían pedido 27 millones se euros, se buscan alternativas.

Una vez descartada esta operación, el Ayuntamiento ha seguido presionando a su propietario, el Estado, para que acometa la recuperación de este equipamiento, que tiene un valor histórico, cultural y económico único para Cádiz.

El Ayuntamiento llegó a plantear a la Dirección General de Costas su disposición a aceptar la cesión del inmueble, con una condición esencial: que debía de recibirlo una vez concluida su restauración, algo a lo que el Gobierno central siempre se ha negado.

"Costas ya intentó en su día derivar responsabilidades al Ayuntamiento, al afirmar que era la administración que debía liderar la recuperación de la fortificación. Liderar algo que no nos pertenece y que para lo que no tenemos ni dinero ni capacidad para acudir a fondos europeos para financiar las obras, pues no somos su propietario no lo lógico", reitera el concejal delegado de Patrimonio, Paco Cano.

Como ni Costas, ni Patrimonio del Estado, ni el Ministerio de Cultura asumen la recuperación de estos 40.000 metros (la primera sí está afrontando tras varios años de parón el arreglo de la muralla exterior de la ciudad, aunque siempre aduce que su labor debe de centrarse fundamentalmente en la playa y en la costa), y tras no salir adelante la idea del Museo de la Ciencia, el Ayuntamiento y la Universidad han vuelto a sentarse para plantear un plan en común.

Así, tras varias reuniones, las dos instituciones han propuesto la conversión de la fortificación en un Centro de Investigación Marina, con un destacado componente cultural, científico y de participación ciudadana, todo ello conectado con el desarrollo económico de Cádiz y su visión como capital turística.

En el proyecto, si sale adelante, tendrá un papel referente la iniciativa privada, pues hoy es la única capaz de contar con fondos para esta actuación, que Cano sitúa en el entorno de los 20 millones de euros.

Tras tener ya un esbozo de esta idea, tanto Paco Cano como el vicerrector de Infraestructuras de la UCA, Carlos Rioja, mantuvieron una reunión con el jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz, Patricio Poullet, para plantear que Ayuntamiento y la UCA tengan permiso para hablar en nombre de la propiedad, el estado, con entidades privadas interesadas en proyecto marítimo.

Poullet, que fue el autor del estudio sobre el estado de las murallas de Cádiz, que en su día obtuvo un premio nacional, y siempre ha presionado ante Madrid para implicar a la Dirección de Costas en estos proyectos de ciudad, indicó a los representantes de las dos instituciones que el Estado estaba en disposición de aceptar esta autorización, según la versión de la reunión trasladada este diario por el concejal de Patrimonio.

Con este aval, tanto el Ayuntamiento como la UCA tendrán capacidad para iniciar la búsqueda de promotores privados, que tengan capacidad económica para afrontar este proyecto.

Aunque 20 millones de euros es una cantidad muy elevada, Paco Cano considera que "hay entidades privadas relacionadas con el mundo científico que podrían asumir esta inversión sin grandes problemas", además de confiar en que el Estado acabaría participando en la operación "ya que al fin y al cabo lo que estamos intentando es salvar un patrimonio que es de ellos".

La UCA mantiene en el castillo las dependencias del laboratorio del CeiMAR, que tuvo que cerrarse a los investigadores y al número público que participaba en sus talleres, por el riesgo de acceso a sus dependencias.

Durante años, el Ayuntamiento ha asumido con sus fondos el coste del servicio de seguridad en el castillo, para evitar el acceso al mismo.