Ante el inminente desahucio de este 28 de septiembre de Verónica Rueda y sus dos hijos del domicilio donde han vivido en los últimos meses, la concejala de Vivienda, Ciudad Verde y Transición Energética del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Procasa, Ana María Sanjuán, ha enviado un escrito al juzgado solicitando la suspensión del lanzamiento que estaba previsto a las 10.00 horas y que, pasado el mediodía, todavía no se ha producido.

Verónica, madres de una niña de 12 años y un niño de 4, regresó el pasado abril a la vivienda donde se había criado tras ponerse en venta la casa de alquiler donde residía desde hace 10 años. Su hogar de la infancia, una vivienda de la Junta de Andalucía, estaba a nombre de su tía (su madre adoptiva) hasta que falleció en 2009, año en la que se puso a nombre de su hermano que falleció el pasado marzo. Ya en abril, la gaditana, que abrió la puerta con sus llaves, comenzó a vivir en la casa pagando los recibos que estaban a nombre de su hermano y poniendo en conocimiento a la Junta la situación, pero no se le permitió hacerse con la vivienda que ha habitado desde entonces ante su situación límite de no tener dónde ir.

Por este motivo, esta madre gaditana fue llamada a juicio a finales de agosto por un delito leve de usurpación con adopción de medida cautelar de lanzamiento de la vivienda ocupada, propiedad de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que se iba a ejecutar esta mañana del 28 de septiembre ya que Verónica perdió el litigio pero se negó a abandonar la vivienda al verse en total desamparo. 

Una de las puertas que tocó esta vecina de Cádiz fue la del alcalde Bruno García al que solicitó "por la calle un encuentro para abordar un tema de vivienda", según han difundido fuentes municipales.

La semana pasada el alcalde, acompañado por el concejal de Servicios Sociales, la atendió junto con varios familiares. "Se nos hizo entrega de la sentencia con fecha del 29 de agosto, así como de documentos que ponían de manifiesto el pago de recibos de luz y de alquiler de la vivienda", reconocen desde el Consistorio que también relatan que en ese encuentro la gaditana trasladó al alcalde que habían presentado "alegaciones" para "ralentizar" lo posible el fallo de la jueza ya que, al ser un asunto que se ha abordado por la vía de lo penal, se condenaba a la usuaria de ser autor penal y civilmente responsable de un delito leve de usurpación y con el deber de restituir a la AVRA la posesión de la vivienda.

"También desde Procasa se le dio fecha con el servicio jurídico para que le explicaran su situación y las opciones con las que podía contar", cuentan desde el Ayuntamiento sobre una cita que está fijada para el 3 de octubre. Pero los hechos se han precipitado con la notificación de desahucio y el equipo de Bruno García, en concreto la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, ha presentado este mismo 28 de septiembre un escrito en el juzgado por el cual se solicita que se "proceda a la suspensión del lanzamiento, para que por razones humanitarias se articulen y proporcionen los recursos públicos que procedan a la usuaria" con la finalidad de "evitar las indeseables consecuencias de un lanzamiento de la vivienda que ocupa con su familia", reza el documento.

"A la vista de su situación socioeconómica y la existencia de menores en la unidad familiar, se ha puesto en contacto con la Delegación municipal de Servicios Sociales, con la que se está coordinando la búsqueda de medidas de protección y ayudas públicas que correspondan, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento de Cádiz y con los recursos de los que dispone para estos casos", también informan desde el Consistorio gaditano al juzgado al que piden "tiempo" para "articular y proporcionar los recursos públicos que procedan a la Sra. Rueda".