El TC avala la ley de reordenación del sector público

TRAS cuatro años de espera, el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso interpuesto por el PP contrario a la en su día muy polémica ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía. Probablemente, muchos lectores recordarán las masivas protestas de funcionarios que en 2011 tomaron las capitales andaluzas y que fueron denominadas como "mareas naranjas" por el color de las camisetas con las que se uniformaban los manifestantes. En la historia reciente de Andalucía, nunca se había producido una movilización de la función pública tan masiva y contundente. El rechazo del sector a la ley, a la que se llegó a calificar "del enchufismo", fue absoluto.

Asimismo, el PP encontró en este descontento una oportunidad única para conseguir votos en el granero del funcionariado en las elecciones andaluzas de 2012, en las que el PP consiguió sus mejores resultados autonómicos -Javier Arenas ganó, pero no gobernó-. En este contexto fue cuando el PP interpuso un recurso ante el TC alegando, fundamentalmente, que la ley era un atentado contra los derechos de los funcionarios, ya que suponía "un vaciamiento" de los servicios de la Junta y la creación de una administración paralela en la que los funcionarios perderían su condición.

Con el tiempo, se ha terminado demostrando que todos los temores de los funcionarios no tenían base y que el recurso del PP respondía más a una estrategia electoral que a una búsqueda de la justicia. Una vez más, ha quedado en evidencia la utilización que los partidos políticos en general hacen de los tribunales, olvidando que los problemas políticos deben dirimirse en los foros que le son propios, como el parlamento o el debate público. Asimismo, volvemos a tener una prueba de la lentitud en la que el Alto Tribunal dicta sus sentencias. Como en tantos otros asuntos, una sentencia rápida hubiese ahorrado muchos quebraderos de cabeza.