"Lo vivo con impotencia"

Se materializó el desahucio. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió el pasado 2 de junio, no fue posible un nuevo aplazamiento para la familia Moreno Benítez. A la una del mediodía de ayer, el matrimonio formado por Antonio y Ana y dos de sus cuatro hijos salieron de la que hasta en ese momento venía siendo su vivienda, en la calle Benjumeda, con un perro y algunas de sus pertenencias, repartidas entre un carro de la compra, dos maletas deportivas y una bolsa de plástico. El alcalde de Cádiz, José María González, les acompañó hasta la plaza Fragela, donde entre palabras de ánimo y aplausos de vecinos subieron a un taxi camino a una pensión que les ha buscado el Ayuntamiento de forma provisional mientras encuentran una solución habitacional.

"No ha sido cuestión de tiempo, sino de voluntad. Ha faltado voluntad, voluntad política, porque este desahucio se podía haber evitado con una simple llamada de teléfono por parte de la propiedad", declaró el regidor a los medios de comunicación en la misma plaza del Falla. Con rostro apesadumbrado, explicó que habían presentado una alternativa que "no agravaba la situación" y que suponía "un pequeño balón de aire" para poder buscar una vivienda a la familia: "Nos hemos comprometido a pagar una mensualidad de la casa mientras buscamos una alternativa habitacional, pero la parte de la propiedad no ha querido abrirse a razones y no ha movido un dedo", lamentó. La propuesta realizada a los dueños, a través de sus abogados, era hacerse cargo de una parte de la deuda para demorar la salida del hogar mientras se hacía efectiva la posibilidad de una nueva casa.

A la pregunta de si estaba viviendo este desahucio como una primera derrota como alcalde, respondió: "No, lo vivo con impotencia. No es ninguna derrota porque contábamos con esto. Nosotros llevamos sólo una semana en este Ayuntamiento, y este problema viene arrastrando desde hace muchos años y no se le ha dado solución".

El de ayer fue el primer golpe de realidad que sufrió el nuevo Gobierno municipal. Buena parte del parque de viviendas de la ciudad procede de rentas antiguas en fincas que han sido rehabilitadas por la Junta de Andalucía, que puso como condición a los arrendatarios que debían mantener durante diez años las mensualidades del alquiler. Una vez superado este plazo, los propietarios tienen la potestad de actualizar los precios al nivel del mercado, lo que supone una subida considerable, que se mezcla con los escasos recursos económicos de muchas familias gaditanas, como es el caso de Antonio y Ana, que llevaban dos años sin pagar el alquiler. Y por la otra parte están los dueños, que en muchas ocasiones dependen de este dinero para subsistir.

González llegó a Benjumeda a las once y media de la mañana. Venía del Juzgado de Primera Instancia número 5, donde desde las ocho había estado realizando gestiones para pedir una moratoria e intentar evitar lo que horas después resultó inevitable. Allí se encontró con una quincena de personas, entre ellas sus concejales Laura Jiménez, Adrián Martínez de Pinillos, David Navarro y Ana Camelo, y militantes y simpatizantes de Por Cádiz sí se Puede, que desde las ocho y media de la mañana se concentraron junto a la casapuerta. La Policía Nacional llegó al lugar minutos antes de las diez, hora a la que estaba prevista el lanzamiento. Los agentes, una quincena, cortaron la calle a la altura de la plaza Viudas y Soledad con sus furgones, impidiendo así el tránsito por esta vía. Los vecinos se fueron arremolinando junto a los vehículos y fueron muchos también los que siguieron el suceso desde sus ventanas y balcones. Desde las alturas caían de forma intermitente gritos de "¡qué vergüenza!".

En conversaciones con los agentes, el edil Navarro logró una prórroga de unos 20 minutos, y posteriormente, a través de la comisión judicial consiguió un nuevo aplazamiento de una hora. Había esperanza aún de paralizar el desahucio. Se estaba ganando tiempo y Kichi seguía realizando gestiones... Pero minutos antes de las once y media, los policías se colocaron los cascos y la tensión se hizo latente. Un agente se afanaba antes de la actuación policial en avisar que la comisión judicial no quería que los medios de comunicación tomaran imágenes de su actuación para hacer cumplir el lanzamiento. El grupo de personas se atrincheró frente a la puerta formando una cadena humana, y justo cuando los funcionarios estaban desalojando a los primeros llegó el alcalde.

Las gestiones no habían fructificado y Kichi se mantenía a un lado intentado negociar con la comisión judicial un aplazamiento mientras que los agentes policiales comenzaban a dar cumplimiento del mandato del Juzgado. La cadena humana resistía a duras penas ante el portal para evitar que accedieran al interior. Uno de los policías intentaba convencer a los activistas al decirles que el Ayuntamiento iba a buscar una solución a la familia, pero estas palabras no tuvieron efecto y siguieron cerrando el paso. La primera en ser apartada fue la concejala Ana Camelo, colocada en uno de los extremos de la puerta. Ante los gritos de desaprobación a ambos lados de la calle, los efectivos de la Policía Nacional iban llevando a las personas retiradas fuera del cordón policial en la esquina de Benjumeda con la plaza Viudas. En la salida se mezclaron un ambiente caldeado y las lágrimas de las personas que veían que todo el esfuerzo se estaba volviendo en vano.

La siguiente que no pudo resistir fue Laura Jiménez. Entre ellos, se animaban al grito de "¡somos una piña!", mientras que le decían a los agentes que "estáis para protegernos". Fuera, las consignas contra la actuación policial, que no fue desmedida, eran mucho más duras. "¡Vergüenza me daría de ser policía!", "¿cómo podéis hacer este trabajo?" o "¡no son delincuentes!", gritaban ciudadanos. En la plaza Viudas, se encontraban fuera del cordón policial los ediles de Ganar Cádiz en Común Martín Vila y Eva Tubío. Tras intentar mediar con los policías que cerraban el paso, no pudieron acceder al lugar.

Mientras que se seguían retirando a los activistas, desde los balcones se pedía la intervención del alcalde para evitar el desahucio. "¡Kichi, ponte ahí!", le gritaba una mujer desde un balcón. De hecho, el primer edil hizo un leve intento en medio de la negociación con los agentes y la comisión judicial de unirse a la cadena humana, como había hecho antes Navarro tras dar por perdidas las conversaciones con la Policía, pero no pudo hacerlo al evitárselo los propios efectivos.

Navarro fue el penúltimo concejal en despegarse del cordón, cuando apenas quedaban personas en el portal. En el último intento de resistencia en la casapuerta quedaba de la Corporación Adrián Martínez de Pinillos. Fue el que más se opuso a los policías. Sentado en el suelo junto a otras dos personas, realizó sin éxito el último esfuerzo.

A las doce, la comisión judicial entró en el inmueble. Una vez dentro, la tensión creció cuando uno de los hijos de Antonio y Ana fue sacado al exterior por dos agentes. "Ponte en mi situación. ¿Cómo te voy a escuchar?", les decía.

González entró en el bajo junto a la comisión para intentar conseguir una solución de última hora. Casi una hora de conversaciones que no sirvieron para acabar con el problema de la familia.

Antonio y Ana salieron a la una de la casa con dos de sus hijos. Las caras reflejaban la tensión de las tres horas de intervención. La realidad de un desahucio que no pudo ser paralizado.