"La dramática situación de ayer era completamente evitable"

El abogado de la propiedad de la finca número 35 de Benjumeda, Daniel de las Peñas, lamentó ayer, a través de un escrito, el "drama social" que vive la familia Moreno Benítez. Un drama que, defiende, "debe ser soportado por los Servicios Sociales, en ningún caso por la propiedad del inmueble, que bastante tiene con dejar de percibir la renta y no tener la vivienda a su disposición a pesar de haber finalizado el contrato". A lo que añadió que la propiedad ha actuado de forma "muy paciente" con estos inquilinos.

Según la argumentación facilitada por el letrado, la finca de Benjumeda, 35 fue objeto de una rehabilitación integral por parte de la Junta de Andalucía y se firmaron contratos de arrendamiento con renta protegida, uno de ellos a esta familia, concretamente en agosto de 2003, pactando una duración de diez años, con lo que el contrato vencía el 31 de julio de 2013.

Llegada esta fecha, la propiedad decidió no prorrogar el contrato y comunicó a los inquilinos la decisión. Sin embargo, el matrimonio no entregó la vivienda y dejó de pagar 148,46 euros, por lo que desde agosto de 2013 no se ha abonado nada. Es por ello que se interpuso el correspondiente desahucio por finalización de plazo contractual y reclamación de cantidad, y en abril de 2015 se dictó sentencia en la que se resuelve el contrato, y se condena al pago de la deuda y se ordena entregar la vivienda.

En la exposición de los hechos, el abogado apunta que tras paralizarse el día 2 el lanzamiento no se hizo "absolutamente nada". El viernes pasado, el Gobierno municipal presentó un escrito pidiendo la suspensión y ofreciendo el pago de un mes de renta.

De las Peñas se opuso ayer a esta propuesta al considerar que el Consistorio "no es parte en el procedimiento". "Les trasladé que si es cuestión de días buscarles una vivienda, lo más conveniente es el realojo de la familia en una pensión u hotel durante ese tiempo, como así han actuado los Servicios Sociales en numerosas ocasiones, y que se proceda a la entrega pacífica del inmueble porque esta dramática situación no ayuda a nadie y es completamente evitable".

En cualquier caso, considera que los hechos de ayer eran "perfectamente evitables" y así se lo trasladó al alcalde y a sus concejales, ya que estuvo presente durante el desalojo. "Una vez que la policía, siguiendo la orden del Juzgado, decidió entrar en la vivienda, tenían que haber retirado la concentración y haber entregado pacíficamente la posesión de la misma, ya que esta situación podía haber generado problemas para los allí presentes, poniendo además en una situación muy desagradable a los funcionarios de la comisión judicial que estaban realizando su trabajo dignamente", expuso.

Con respecto a su cliente, el letrado sólo quiso decir que "es un propietario más, que tiene todo el derecho del mundo a ejercer acciones judiciales que le asisten para recuperar su vivienda", y aseguró que lamentaba "como el que más" los hechos de ayer.

Por último, incidió en que los Servicios Sociales deben hacerse cargo en estos casos y no esperar "una situación límite y extrema que podía haberse complicado".

El desagradable suceso de ayer abrió un debate entre quienes pusieron el acento en la situación de la familia desahuciada y quienes consideran que ante todo hay que salvaguardar los intereses de los propietarios, tengan o no una situación económica desahogada.