La Junta reserva más de 350 millones para pagos extra a los funcionarios en 2026

Las arcas públicas andaluzas tienen una reserva de 350 millones de euros para pagar aumentos a los funcionarios públicos el próximo año 2026. Se trata de una previsión, ya que todavía no es oficial que todos estos fondos lleguen a los bolsillos de los trabajadores. El Gobierno central está negociando con los sindicatos una subida del 2% de los sueldos para todos los funcionarios con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2025, un acuerdo que todavía no se ha materializado pero que tiene muchos visos de salir adelante en los próximos días.

Y, en previsión de que ese acuerdo se materialice, la Junta dispone de un fondo de 300 millones de euros, cantidad que serviría para sufragar el aumento retributivo de los funcionarios de la administración autonómica si la cuantía pactada es de una subida del 2%. Fuentes del Gobierno andaluz explican a este diario que las arcas públicas podrían hacer frente, de manera inmediata, al pago de una subida del 2,5% si ese es finalmente el acuerdo presupuestario. Esa es la horquilla de negociación que está encima de la mesa de momento.

La clave de esta disponibilidad está en la “tesorería saneada” de la Junta, que podría abonar una buena parte de estos fondos si así se determina en los próximos días. Hay que tener en cuenta que el acuerdo del Gobierno central con los sindicatos para todos los funcionarios públicos obliga a las administraciones autonómicas a cumplirlo de manera inmediata. Cada una deberá resolver de dónde detrae las partidas para pagarlo.

El complemento andaluz

Lo que sí se ha pactado con los sindicatos es el acuerdo andaluz para cuyo cumplimiento hay disponibles 50 millones en 2026. El próximo 1 de enero entra en vigor el acuerdo de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta que incluye la mejora de las condiciones laborales del personal de la administración general, de Justicia y de los trabajadores de los entes instrumentales de la Junta (es decir, de todos los trabajadores públicos con la excepción del SAS y del personal de Educación; en total entre 65.000 y 70.000 funcionarios).

El acuerdo mejora los sueldos a través de un nuevo modelo de los complementos retributivos y se crean dos nuevas figuras que influyen directamente en las nóminas. Un complemento de la carrera profesional horizontal, con complementos entre 300 y 1.300 euros, y otro denominado evaluación del desempeño. Además se incluyen las medidas de acción social, que habían desaparecido con la crisis y una parte del acuerdo por productividad que falta por resolver con los funcionarios de Justicia en el seno de la mesa sectorial.

El consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, explicaba que este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 y que tendrá un coste para las arcas públicas de 250 millones de euros, “y que es el primero al que se llega en la Mesa General desde su creación”. La propuesta del Gobierno andaluz es consolidar un nuevo modelo de trabajo en la administración andaluza, “un gran acuerdo institucional, alcanzado desde el consenso y la apuesta común por el futuro, que permite consolidar y acelerar la modernización de la Administración pública andaluza y la construcción de un modelo de gestión más eficaz, ágil y orientado a la ciudadanía”.