La Junta aprueba el contrato de la Atención Temprana por 104 millones para dos años

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes el contrato para la prestación del servicio de atención temprana mediante concierto social por un importe de 104 millones de euros durante dos años. En el expediente se recoge que la administración abonará 30,13 euros por sesión a las empresas y entidades que resulten adjudicatarias de este servicio que la Junta presta mediante conciertos. Este nuevo contrato entrará en vigor en el segundo trimestre de 2026 y, si hay acuerdo entre las partes, se podrá prorrogar otros dos años.

El contrato se publica después de una agria polémica con las empresas del sector y de que la Junta haya tenido que aprobar una prórroga extraordinaria del que estaba en vigor por un importe de 13 millones de euros para garantizar la atención a los niños sin interrupciones. El Gobierno andaluz y el sector discrepan del precio que se debe abonar por cada sesión; la Junta pagaba 24 euros y las empresas demandan que el coste de las mismas llega a 40 euros, un umbral que estiman necesario para garantizar su continuidad.

Las entidades del sector de Atención Temprana recurrieron ante el el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía la licitación que la administración presentó en julio de 2024, lo que supuso la paralización de ese concurso público.De hecho, la Secretaría General de la Consejería de Salud suspendió el procedimiento cumpliendo lo que había decidido este tribunal que estimó parcialmente algunos de los asuntos reclamados.

Ahora la Junta sube el precio de los contratos en vigor en un 13% con un importe total de la licitación de 104.699.098,56 euros. Por provincias serían para Almería 10.728.208,32 euros, para Cádiz 16.333.834,56 euros, para Córdoba 8.648.515,20 euros, para Granada 11.477.360,64 euros, para Huelva 5.333.733,12 euros, para Jaén 5.764.712,64 euros, para Málaga 22.532.419,20 euros, 23.880.314,88 euros para Sevilla. Hay que tener en cuenta que la provincia de Almería es la que concentra casi el 40% del incremento, lo que supondrá una dotación de recursos extraordinaria para un adecuado ajuste de las necesidades crecientes de la población infantil con trastornos de desarrollo en este territorio.

Los detalles

El servicio de Atención Temprana que se presta a los menores de seis años con trastornos en el desarrollo se realiza mediante concierto social con la colaboración de la iniciativa privada, destacando el protagonismo del tejido asociativo a través de entidades sin ánimo de lucro. La Junta distribuye estos contratos por lotes para garantizar que llega a todo el territorio de la comunidad autónoma tal y como recoge la Ley de Atención Temprana que está en vigor y que plantea que las familias deberán tener acceso a un Centro de Atención e Intervención Temprana de calidad próximo a su domicilio, en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

El precio unitario de la sesión se ha concretado en 30,13 euros y ha tenido en cuenta las tablas salariales del XVI Convenio Colectivo General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Este convenio fue negociado y suscrito el 29 de noviembre de 2024 por asociaciones empresariales y por los sindicatos FE-CCOO y UGT Servicios Públicos, siendo de aplicación a todas las personas trabajadoras de los Centros de Atención e Intervención Temprana, de titularidad privada.

Las novedades

En el nuevo concierto, la Junta recoge las recomendaciones del Tribunal de Recursos Contractuales que, además del aumento del precio de casa da sesión, destacar las actuaciones de los centros para impulsar la implicación de las familias como sujetos activos en la intervención, la posibilidad de subcontratar las tareas propias de fisioterapia y la implantación de procedimientos innovadores de gestión administrativa.

El concierto social incorpora dos medidas que tendrán igualmente un efecto económico positivo en las entidades que resulten adjudicatarias de los contratos, relacionadas con la flexibilización de la jornada laboral en los meses de julio y agosto, y la limitación de las sesiones gratuitas sin contraprestación económica, con un máximo del 4% de las sesiones del lote a cargo del beneficio industrial.