El 29% de las depuradoras andaluzas vierten aguas contaminadas a la naturaleza

Andalucía tiene un problema con las aguas que desecha, con sus aguas sucias. La inexistencia de las depuradoras necesarias y el deficiente funcionamiento de un excesivo número de ellas provoca la llegada de agua contaminada, demasiado contaminada, al litoral, los ríos y los pantanos de la región. Las consecuencias son diversas: el deterioro del medioambiente, la acumulación de tóxicos en especies vegetales y animales de las que se alimenta el ser humano y las sanciones millonarias que pagan las administraciones, es decir, los ciudadanos, por el incumplimiento de la normativa son las principales. Pese a ello, el 29% de las depuradoras de Andalucía siguen vertiendo aguas contaminadas a la naturaleza.

El Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos están llevando a cabo obras para la creación de nuevas plantas de tratamiento y actuaciones de diversa índole en las depuradoras existentes urgidos en parte por el peso sostenido de las multas y por una sociedad civil que observa los perjuicios que supone la liberación de aguas fecales y restos químicos procedentes, entre otros, del desecho de cremas y cosméticos a los ecosistemas por medio del agua evacuada por la industria y los grifos e inodoros domésticos.

La normativa de depuración de aguas residuales es comunitaria en su origen y es la Justicia europea la que ha obligado a las administraciones públicas españolas a pagar más de 90 millones de euros en sanciones por incumplir las directivas. Hasta la fecha, España ha tenido que hacer frente a siete procesos judiciales en materia de depuración; cuatro de ellas están aún en pleno proceso.

La cuantía de las multas seguirá aumentando hasta que el funcionamiento de las plantas depuradoras se ajuste a la legalidad. En el caso de Andalucía, es particularmente oneroso el mal funcionamiento de las estaciones de Matalascañas, Barbate y Alhaurín el Grande-Málaga Norte. En el caso de esta última, Andalucía suma más de un lustro abonando más de 1,2 millones de euros anuales hasta que no esté acabada. Se calcula que las multas han costado a las arcas públicas más de 17 millones.

Los colectivos ecologistas son un ariete dentro de la sociedad civil andaluza. Destaca Ecologistas en Acción Andalucía, autores de un exhaustivo informe cada año que da cuenta del funcionamiento de las depuradoras. El análisis de las muestras analíticas están coordino por Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción Andalucía, y los resultados han deparado un 29% de depuradores incumplidoras. Los datos han mejorado en 2024. Amarillo destaca que ese 29% es la cifra más reducida de depuradoras deficientes desde 2013. El elevado dinero destinado para la creación y mejora de las estaciones de depuración empieza a surtir efecto.

La inversión ejecutada en Andalucía en materia de depuración ha sido de 796 millones desde 2011 a 2023. De ellos, según indica el informe de Ecologistas en Acción, 582 millones corresponden a partidas financiadas con cargo a los ingresos del canon andaluz del agua y 214 millones son con cargo a fondos certificados a la Unión Europea.

Que este empeño de las administraciones está cosechando los correspondientes beneficios se demuestra la buena noticia que ha deparado este mismo año. La Comisión Europea ha reconocido una notable mejoría en el tratamiento en doce núcleos urbanos andaluces, plantas de tratamiento que han dejado de ser infractoras en un asunto que, por otro lado, aún está revisando la Justicia. Por algo se empieza.

Deberes para las empresas de productos farmacéuticos y cosméticos

El afán con el que las administraciones públicas se están tomando la mejora de la depuración de las aguas residuales va a requerir más esfuerzo en lo venidero. Las exigencias legales en materia de saneamiento de las aguas sucias y negras se endurecen: el Consejo Europeo dio el visto bueno el pasado mes de diciembre a una directiva que prescribe más obligaciones de depuración, incluidas a aglomeraciones de población más pequeñas, y estrecha el cerco de los tóxicos que podrán desecharse a la naturaleza sin control.

Los plazos son flexibles. De aquí a 2035, todas las aglomeraciones sin excepción tendrán que eliminar cuanta materia orgánica biodegradable contengan las aguas sucias antes de desembocar en el mar, los ríos y los pantanos. En 2039, las depuradoras que hagan el tratamiento de aglomeraciones de más de 150.000 habitantes deberán filtrar además el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales. Y, como última meta, de aquí a 2045, los estados europeos habrán de disponer de plantas de tratamiento que eliminen contaminantes microscópicos: el llamado tratamiento cuaternario.

La última directiva europea incluye la novedad por la que se aplica el principio de “quien contamina paga”. Los dedos apuntan en esta ocasión a las grandes empresas. En el caso del citado tratamiento cuaternario, el destinado a la depuración de los microcontaminantes, los fabricantes de los productos farmacéuticos y cosméticos tendrán que contribuir con un mínimo del 80% a los costes adicionales que supongan esos tratamientos intensos de las aguas.