Uno de cada cuatro andaluces vive en situación de exclusión social: la vivienda y el empleo precario marcan la crisis

Uno de cada cuatro andaluces vive al borde o dentro de la exclusión social en Andalucía, según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía 2025. El estudio, elaborado por Fundación FOESSA y Cáritas Española a partir de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024, presenta una radiografía detallada de las dimensiones estructurales que marcan la vida de millones de personas en Andalucía. La recuperación económica registrada en los últimos años no ha logrado transformar profundamente estas realidades ni revertir la tendencia hacia una mayor fragmentación social.

El documento parte de una conclusión alarmante: la integración plena está retrocediendo mientras aumentan las situaciones más graves de exclusión. Entre 2018 y 2024, la exclusión social severa ha crecido en 270.000 personas en Andalucía, y un importante segmento de quienes están excluidos no aparecen en los umbrales tradicionales de pobreza. El informe mide exclusión no solo como carencia de ingresos, sino como un proceso multidimensional que limita la participación real en la sociedad: acceso a derechos básicos, empleo digno, redes de apoyo, salud adecuada o participación cívica.

Andalucía se sitúa así entre las comunidades autónomas con mayores retos de cohesión social del país. A nivel estatal, cerca de 9,4 millones de personas —alrededor del 19% de la población— viven en exclusión social, mientras que la exclusión severa afecta a 4,3 millones de personas en España, un volumen que ha crecido desde 2007. Las cifras andaluzas destacan por ser comparativamente más altas en indicadores de pobreza, desempleo y barreras relacionadas con la vivienda. En concreto, el informe situá a más de 2,1 millones de personas en situación de exclusión social en Andalucía. La cifra representa el 25,2 % de la población, un porcentaje que supera en más de cinco puntos la media nacional y que refleja el deterioro de la integración social en los últimos años.

Las diferencias intrarregionales también son relevantes. Provincias como Cádiz, Sevilla y Málaga presentan tasas de exclusión superiores a las de Almería o Granada en determinados indicadores, reflejando la diversidad territorial de Andalucía y la necesidad de políticas adaptadas a cada contexto local.

Según la clasificación FOESSA, solo el 44,1% de los andaluces se encuentra en integración plena, mientras que casi un tercio de la población (30,7 %) vive en una situación de integración precaria, es decir, sin exclusión formal pero con un alto riesgo de caer en ella ante cualquier dificultad económica, laboral o personal.

El informe advierte del aumento de las situaciones más graves. La exclusión social severa afecta ya al 10,8 % de la población andaluza, unas 930.000 personas, y ha crecido en torno a 270.000 personas desde 2018. A este grupo se suma otro 14,4 % en exclusión moderada, lo que eleva el volumen total de población excluida a cifras históricas.

FOESSA subraya que estas situaciones no se explican únicamente por la falta de ingresos. La exclusión responde a un proceso multidimensional que combina precariedad laboral, problemas de vivienda, dificultades de acceso a la salud y debilitamiento de las redes sociales y comunitarias, configurando una fractura social cada vez más profunda en Andalucía.

La vivienda como barrera estructural de exclusión

Una de las conclusiones más crudas del informe es que casi una de cada cuatro personas andaluzas afronta exclusión social en la dimensión de la vivienda. El mercado residencial se ha convertido en un factor central de vulnerabilidad para amplios sectores de la población. El acceso a una vivienda digna se ha hecho más difícil, con cargas económicas que empujan hogares enteros por debajo del umbral de pobreza tras pagar alquiler y suministros.

El 23% de la población presenta dificultades evidentes vinculadas a la vivienda en su vida cotidiana. Aunque la vivienda insegura o inadecuada afecta al 16,4% de los hogares, la falta de opciones accesibles deja a muchos andaluces en situaciones de riesgo latente. Este escenario transforma la vivienda en una trampa estructural: no solo una situación material, sino también un punto de partida para otras formas de exclusión como el aislamiento social, las dificultades para mantener un empleo estable o el acceso limitado a servicios básicos.

Las personas más afectadas son aquellas con menores ingresos, jóvenes que no pueden acceder a la compra ni al alquiler asequible, y familias monoparentales. La situación se agrava en las grandes ciudades andaluzas, donde el precio del alquiler ha experimentado incrementos significativos en los últimos años, superando en muchos casos el 40% de los ingresos mensuales de los hogares vulnerables.

Mercado laboral: recuperación con sombras y precariedad

El mercado laboral andaluz presenta una dualidad crítica, según el último informe FOESSA. Por un lado, ha aumentado el empleo como fruto de la recuperación tras la crisis sanitaria y económica. Sin embargo, Andalucía sigue siendo la comunidad con la mayor tasa de paro de España y con niveles de precariedad más altos que la media nacional. Aunque disminuye la temporalidad, los salarios reales apenas crecen.

El empleo, tradicionalmente visto como la gran salvaguarda contra la pobreza, ya no garantiza la salida de la exclusión. En España, uno de cada diez trabajadores vive en exclusión social pese a estar ocupado, una realidad que en Andalucía presenta cifras similares o incluso superiores. La precariedad laboral se manifiesta en contratos de corta duración, jornadas parciales no deseadas y salarios que no permiten cubrir necesidades básicas.

Los sectores más afectados son el comercio, la hostelería, la agricultura y los servicios de cuidados, donde predominan las condiciones laborales más vulnerables. La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste, siendo las trabajadoras andaluzas quienes sufren mayor exposición a la temporalidad y los salarios más bajos. Esta situación compromete no solo el presente de miles de familias, sino también su capacidad de planificación y ahorro a medio y largo plazo.

Pobreza y protección social: avances insuficientes

El informe también analiza la evolución de la pobreza y de las políticas de protección social en Andalucía. Las tasas de pobreza en la región continúan por encima de la media del Estado, aunque han experimentado cierta reducción reciente debido al aumento de rentas y transferencias sociales. El acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha aumentado significativamente y supera la cobertura media del conjunto del país.

Sin embargo, persisten importantes dificultades de acceso conocidas como non take-up para los hogares más vulnerables, que no logran percibir estas prestaciones pese a tener derecho. Este desequilibrio pone de manifiesto la brecha entre lo que las políticas prometen y lo que realmente llega a quienes más lo necesitan. Las barreras administrativas, la falta de información accesible y la estigmatización asociada a solicitar ayudas son algunos de los obstáculos identificados.

Además, la cuantía de las prestaciones resulta insuficiente en muchos casos para garantizar una vida digna, especialmente en contextos urbanos con altos costes de vivienda. Las ayudas autonómicas complementarias presentan disparidades territoriales y no siempre llegan a tiempo a las familias en situación de emergencia social.

Dimensiones relacionales y de salud en la exclusión

El informe de FOESSA no se limita a lo económico. Los problemas relacionales —aislamiento, deterioro de redes de apoyo, falta de participación social— han aumentado en comparación con 2018, revelando una exclusión más profunda que la estrictamente material. Este fenómeno afecta especialmente a personas mayores, migrantes y familias monomarentales, que encuentran dificultades para mantener vínculos comunitarios sólidos.

En el ámbito de la salud, uno de cada cinco hogares registra carencias vinculadas al acceso a tratamientos o atención sanitaria adecuada. Las dificultades en salud, más evidentes entre hogares con bajos estudios o desempleo, reflejan que la exclusión penetra también en las posibilidades de vivir con bienestar. La saturación del sistema sanitario público, las listas de espera y los costes de medicamentos no cubiertos agravan esta situación.

La salud mental emerge como una dimensión especialmente preocupante, con un incremento de trastornos de ansiedad y depresión asociados a la incertidumbre económica y laboral. El acceso a servicios de salud mental resulta limitado, con recursos insuficientes en atención primaria y especializada.