'Caso ERE'

De Llera: "Me preocupa que en la comisión se pretenda hacer Justicia y en el Juzgado política"

  • El consejero de Justicia e Interior de la Junta ve factible que coincida con la instrucción pero "si cada una cumple con su misión establecida".

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El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha asegurado este jueves que le "preocupa" que en la comisión de investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) creada en el Parlamento de Andalucía "se pretenda hacer justicia" y en el Juzgado que instruye el caso "se pretenda hacer política".

En el marco de una entrevista concedida a Canal Sur Radio, el consejero del ramo ha sido cuestionado por si ve "factible" que coincidan al mismo tiempo la comisión de investigación y la instrucción del caso en los juzgados, subrayando que "si cada uno hace lo que tiene que hacer, desde luego que sí". "Las responsabilidades políticas deben depurarse en la comisión y las legales en el Juzgado", ha insistido Emilio de Llera, quien ha puesto de manifiesto que "si cada uno cumple con la misión que tiene establecida, me parece positivo".

En este punto, el titular autonómico de Justicia e Interior se ha referido a la recusación de la juez Mercedes Alaya planteada por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, que la propia magistrada ha rechazado por "extemporánea". "Yo no voy a opinar como jurista, porque cada vez que opino como jurista alguien del PP me insulta", ha señalado De Llera, aseverando que, "desde luego, hay un plazo para establecer la recusación, que son diez días, y parece que el hecho que motiva la recusación es muy anterior". No obstante, "es dudoso en qué momento se consuma el hecho que sirve de base a esa petición".

Sobre el hecho de que hayan transcurrido varios meses entre la imputación y la declaración en sede judicial del propio Rivera, el consejero del ramo ha dicho que "una garantía que ya se estableció a finales del siglo XIX en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que hoy ha alcanzado naturaleza constitucional, es que toda persona imputada debe ser inmediatamente llamada para ser oída".

A su juicio, esa "es la única manera que tiene una persona de poder defender su libertad y derechos frente al derecho a castigar del Estado". "Es una garantía esencial, que no debe vulnerarse nunca", ha finalizado.

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