La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta tarde a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza civil de 57 millones al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, que está imputado por cuatro delitos en el escándalo de los ERE, mientras que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía no ha solicitado que se le fije ninguna medida cautelar.

La petición de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar 57 millones de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles deriva del montante final de las ayudas que Rivera concedió durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo, que ascendió a casi 43 millones, más el tercio legal correspondiente.

Las acusaciones particulares que ejercen el Partido Popular y el sindicato Manos Limpias se han adherido a la fianza solicitada por el Ministerio Público, mientras que la acusación particular de la Junta de Andalucía no ha pedido la adopción de ninguna medida cautelar.

Se trata de la primera vez desde que comenzaron las declaraciones de imputados ante la juez Alaya en la que la Junta de Andalucía no solicita ninguna medida cautelar para la persona imputada y esta circunstancia ha coincidido con un cambio en la representación jurídica de la Administración, que ahora ha asumido Mercedes Izquierdo en sustitución del letrado Ignacio Carrasco.

La acusación particular del sindicato UGT tampoco ha solicitado ninguna fianza civil, mientras que la defensa de Daniel Rivera se ha opuesto argumentando que no hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Daniel Rivera.

Rivera acaba su declaración con un alegato anti corrupción

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera ha concluido este jueves su declaración ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los ERE, con un alegato contra la corrupción. “Me repugna la corrupción, como ciudadano y como militante de un partido considero que un corrupto no puede ser socialista”, ha afirmado el ex alto cargo cuando la instructora le ha dicho si quería añadir algo más a su declaración tras haber respondido a casi un centenar de preguntas de la juez.

Rivera, a quien la juez Alaya ha imputado cuatro delitos –prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir los delitos e infidelidad en la custodia de documentos-, ha asegurado asimismo, antes de responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que no se ha lucrado con motivo de su paso por la Junta. “No he obtenido ningún beneficio económico o de otro tipo, directo o indirecto, a pesar de haber manejado una gran cantidad de dinero”, ha aseverado Daniel Alberto Rivera.

La juez Mercedes Alaya ha requerido hoy a la Junta para que aporte el listado de los 204 expedientes en los que se han detectado alguna irregularidad y que no le habían sido enviados hasta ahora por la Consejería de Empleo. En su comparecencia, Daniel Rivera ha defendido que en abril pasado, antes de su cese –que se produjo en junio-, remitió al juzgado una nueva partida en la que se incluían un grupo de alrededor de una veintena de intrusos –personas que han percibido ayudas a pesar de no haber trabajado para las empresas en cuyas pólizas fueron incluidos- pero no se remitieron el resto hasta completar esos 204 expedientes porque entendían que no se trataba de irregularidades de naturaleza penal.

Entre los expedientes que se incluyen en eso 204 casos se encuentran ayudas concedidas a la Faja Pirítica de Huelva y de la empresa pública mixta Mercasevilla, donde se descubrieron otros casos de trabajadores que se habían acogido a las prejubilaciones a pesar de no cumplir la edad mínima fijada en los requisitos, que consistía en haber cumplido los 50 años, u otras circunstancias que hacían incompatible que estos trabajadores se pudieran acoger a esos planes.

Tras una pausa para almorzar, la juez tiene previsto retomar la sesión a las cinco de la tarde, cuando tendrá lugar una comparecencia en la que la Fiscalía y las acusaciones particulares pueden solicitar alguna medida cautelar contra el ex director de Trabajo, en especial, la posibilidad de solicitar la imposición de una fianza civil para hacer frente a los posibles perjuicios ocasionados por la concesión de las ayudas públicas en la etapa en la que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo, entre abril de 2010 y junio de 2011.