Un informe de la Guardia Civil aportado a la causa de los ERE afirma que "existía claramente una voluntad de disfrazar las ayudas directas a empresas como ayudas sociolaborales" y, en el caso de la sociedad Saldauto, dice que recibió una "subvención directa camuflada". En el informe, la Guardia Civil analiza las cuatro ayudas que recibió Saldauto, una de las cuales, por importe de 200.000 euros concedida en el 2008, contravenía la normativa de la UE que prohíbe las ayudas "que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".

Se trataba de una "ayuda directa" que "prescindió de cualquier procedimiento administrativo e incumplió la normativa en materia de subvenciones", según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El informe asegura que "existe claramente una voluntad de disfrazar las ayudas directas a empresas como ayudas sociolaborales" ya que "es patente que podrían haberse otorgado en el marco de otros proyectos y si no se ha hecho es por la arbitrariedad y falta de justificación con arreglo a la normativa común a todos los expedientes estudiados hasta el momento".

En el atestado, la Guardia Civil afirma que el ex diputado andaluz -ya imputado- Ramón Díaz Alcaraz (PSOE) "hizo valer su influencia como asesor de Francisco Javier Guerrero" para que se otorgara esa ayuda directa a Saldauto porque el marido de su exsecretaria en la UGT, Josefa Navarrete, era delegado sindical de la empresa. Además, según la declaración del delegado en Andalucía de la mediadora Vitalia, Jesús Bordallo, Díaz Alcaraz le llamó "indicando que debía incluirse en la póliza de Saldauto a los intrusos Antonio González Pérez y Rafael Rodríguez Fuentes".