La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, Mercedes Alaya, retomará este martes las declaraciones de imputados en la causa, una vez finalizadas las vacaciones de verano, con la comparecencia del que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois, quien tiene previsto acogerse a su derecho constitucional a no declarar.

Una vez se reincorporó el pasado lunes a su puesto de trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada Mercedes Alaya retomará este martes las declaraciones de imputados, lo que se produce además después de que la Fiscalía Anticorrupción le haya urgido esta misma semana a citar a declarar a todos los imputados en la causa que aún no han comparecido en sede judicial.

Además de Diz-Lois, los días 17 y 19 de septiembre están citados a declarar como imputados, respectivamente, el que fuera viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano Peña, y el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, mientras que el 30 de septiembre le tocará el turno al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y el día 9 de octubre al ex parlamentario socialista Ramón Díaz.

En un auto dictado el 12 de junio de 2012, la juez imputó a Diz-Lois al entender que como jefe de servicio de la Dirección de Trabajo, y en la época de Francisco Javier Guerrero, "era el que realizaba el seguimiento de los pagos", por lo que "indiciariamente debía conocer y participar, dado su cargo, en el sistema de pagos cruzados, o lo que es lo mismo, pagos sin convenio".

Asimismo, y según la instructora, el imputado también habría participado "en la concentración de ayudas a las mismas empresas; en el incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones por la ausencia de fiscalización previa y la ausencia de justificación del destino dado a las ayudas, o en el incumplimiento de los filtros establecidos en el reglamento del IFA o estatuto de IDEA en materia de ayudas sociolaborales".

La magistrada también le achaca haber participado "en el incumplimiento de la normativa comunitaria, pues debía conocer y ser partícipe de que las ayudas sociolaborales, pese a ser indiciariamente ayudas de Estado, no se notificaban a la Comisión Europea con carácter previo y la mayor parte de ellas se concedían a empresas en crisis", mientras que en relación a las ayudas directas, "en el supuesto de considerarse exentas de tal notificación previa, no se comunicaba su concesión a la Comisión Europea ni se llevaba un registro de las mismas para su control por parte de dicha comisión".

La juez relata que, cuando en mayo de 2008 pasó a ser director del Departamento de Administración y Finanzas de IDEA, "y pese al conocimiento de gran parte de lo que acontecía con la aplicación del convenio marco en la Dirección General de Trabajo, presuntamente fue uno de los promotores del mantenimiento específico a través del mencionado convenio, aunque su vigencia estaba concluida, considerándolo prorrogado tácitamente". "Ello, pese a ser consciente en tal momento de las dudas que existían sobre la legalidad del procedimiento, siendo pues uno de los impulsores de que se siguiera el procedimiento específico pagando ayudas ya concedidas o nuevas ayudas mientras que se encargaba un informe jurídico o de legalidad sobre dicho procedimiento específico", dice la juez.

Alaya agrega que este informe "ponía de manifiesto la ausencia del cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones -fiscalización previa- y la falta del cumplimiento de la normativa comunitaria", mientras que el imputado también "tendría conocimiento, al menos cuando llegó a la agencia IDEA, de la ausencia de la documentación básica en los expedientes de concesión de ayudas".