La juez Mercedes Alaya continúa perfilando el relato de hechos que planteará a la hora de encausar el proceso de los ERE fraudulentos, en el que la magistrada reprocha a los imputados, sobre todo a los que ocuparon algún puesto de responsabilidad en la Administración, que pusieran en marcha en el año 2000 un sistema para la concesión "absolutamente discrecional" de las ayudas y sin contar con la fiscalización previa ni las bases reguladoras. La magistrada dio ayer un nuevo giro en esa estructura que sentará probablemente las bases de las acusaciones, al poner de manifiesto que al implantar el sistema de las transferencias de financiación se "repartieron millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical".

La instructora señala que esas subvenciones millonarias se destinaron a "supuestas inversiones que no se controlaban" o a la prejubilación de los trabajadores, y concluye que el sistema "siendo presuntamente ilegal degeneró en mayores desviaciones a través de múltiples subvenciones individuales a personas cercanas a los círculos de poder o a aquellas que eran introducidas dentro de la póliza de prejubilación de una empresa sin haber pertenecido nunca a la misma", en alusión a los denominados intrusos.

Todas estas manifestaciones forman parte de la imputación que la juez Alaya realizó ayer al secretario general de la agencia IDEA y ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, quien se acogió a su derecho constitucional a no declarar, al igual que el ex director general de Idea Jacinto Cañete Rolloso.

La Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer sendas fianzas de responsabilidad civil de 8 y 10 millones de euros para Jacinto Cañete y Juan Francisco Sánchez García, respectivamente, a los que Alaya imputó tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos. El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, se adhirió a la petición de fianzas de la Fiscalía, mientras que la acusación particular de la Junta de Andalucía no planteó ninguna medida cautelar real.

Aunque ambos imputados no declararon, sus defensas presentaron sendos escritos de alegaciones. En el caso de Jacinto Cañete, su abogado alegó ante la juez que la Intervención General de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas y el Parlamento andaluz "santificaron" el procedimiento para el pago de las ayudas de los ERE a través de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, y las transferencias de financiación.

En el escrito presentado por el abogado Juan Carlos Alférez, el ex alto cargo niega cualquier conocimiento de las irregularidades y su participación en hechos delictivos. Cañete, que fue director de Idea entre mayo de 2008 y diciembre de 2009, sostiene que el procedimiento de concesión de las subvenciones era "santificado" por la Intervención General de la Junta en la rendición de la cuenta general y por la Cámara de Cuentas en el informe favorable de liquidación del programa y por el propio Parlamento andaluz "por segunda vez al aprobar la cuenta general".

La defensa explica que la Cámara de Cuentas es un "órgano tremendamente especializado, con altísimo nivel técnico y con ingentes medios analíticos", al tiempo que sus funcionarios son "enormemente escrupulosos y detallistas, capaces de atisbar el más mínimo incumplimiento normativo". Con esta argumentación, el letrado pone como ejemplo que si la Cámara de Cuentas "puede detectar una irregularidad en un ticket de dos euros" ese nivel de detalle "no se corresponde con dejar pasar año tras año, rendición de cuenta tras rendición de cuenta, informe tras informe, nada menos que presuntas irregularidades de decenas y centenas de millones de euros -según las tesis acusatorias".

Para el ex responsable de la agencia, la Cámara de Cuentas tenía un "cabal conocimiento" sobre el funcionamiento del programa 31L porque en la información que cada año le remitía la Intervención General aparecían "con total claridad y precisión todos los elementos que ahora per se la instrucción juzga como delictivos".

Por su parte, el abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende a Juan Francisco Sánchez García, asegura en su escrito que pensar que todos los altos cargos imputados en la causa de los ERE conocieran el mal uso de la partida presupuestaria implica "una colosal trama confabulatoria para cometer delitos", algo que "difícilmente se puede siquiera insinuar a la vista de lo actuado".