El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, restó ayer relevancia al informe de la Intervención General del Estado sobre el comportamiento de los ex consejeros de Economía Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo ante el fraude de los ERE. El peritaje del organismo es determinante, concluyente, al destacar que ninguno de ellos adoptó las "medidas necesarias para evitar las irregularidades". Y, sin embargo, Valderas minimizó ayer sus efectos. "Es otro más sobre lo que han sido responsabilidades", zanjó Valderas, quien prefirió insistir en que el caso "se está dilatando demasiado en el tiempo".

El vicepresidente volvió a mostrarse partidario de "trasladar a cualquier otro tribunal cualquier otro elemento de responsabilidad que esté más allá de la juez Alaya", ya que "la sociedad andaluza necesita que de una vez por todas se establezcan las responsabilidades necesarias en esta materia".

En las filas del PSOE andaluz no ocultaron su malestar por las conclusiones del informe de la Intervención General del Estado. El secretario de Organización, Juan Cornejo, arremetió contra la juez Mercedes Alaya por encargar el peritaje a un órgano estatal cuando hay en la comunidad autónoma organismos facultados para esa misma tarea, como la Cámara de Cuentas. Conejo ve una mano negra en el hecho que de el contenido del informe se conociera al mismo tiempo que la anulación por la Audiencia de Sevilla del auto en el que Alaya preimputó a Griñán y a Manuel Chaves.

Mientras, desde el PP emplazaron ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que explique si conocía el informe. Para ello, pedirá la comparecencia de la jefa del Ejecutivo en el Parlamento, porque el documento apunta a que "el caso ERE es el caso del PSOE andaluz", denunció la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez.

Además, el partido ha presentado un escrito en la causa que se instruye Alaya en el que insta a la magistrada a requerir a la Junta copia íntegra de todos los expedientes de ayudas sociolaborales tramitadas por el Gobierno andaluz entre 2010 y 2012, periodo en los que José Antonio Griñán era presidente.

Martínez explicó que, ante la declaración del ex interventor delegado de la Consejería de Empleo, Juan Luque Alfonso, en la que manifestaba que "no había podido hacer informes de disconformidad en relación a unas ayudas excepcionales que se otorgaban mediante una resolución de 24 de febrero de 2012", han instado a la juez Mercedes Alaya a que requiera una serie de expedientes para el "esclarecimiento de los hechos".