La juez Mercedes Alaya ha imputado a otras diez personas en la causa de los ERE fraudulentos, con lo que ha elevado el número de imputados a 133, sin contar la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros cinco ex altos cargos de la Administración andaluza.

Entre los nuevos imputados se encuentran José Luis Leal Bonmati, hermano del abogado Carlos Leal Bonmati, que dirigía el bufete de Estudios Jurídicos Villasís y que está en libertad tras haber abonado 150.000 euros de fianza en julio pasado. También ha sido imputado otro abogado de este bufete, Alfredo Jiménez Suñe.

La lista de los diez nuevos imputados, que han sido citados a declarar los días 16 y 17 de diciembre, son Eva Domínguez Martín, María Olga Pascual Moreno, María del Rosario González Agullo, María Antonia Carrasco, Antonio Aso Martínez, Manuela Castillo Cobos, Antonio Fernando Murrillo Cancho y Antonio Santiago Pérez Porcel.

La juez también ha citado a declarar a Antonio Diéguez Viera, quien ya estaba imputado desde antes en la causa. Este imputado figuraba como persona autorizada en la cuenta bancaria de la sociedad Promociones Vinícolas y, según Alaya, "habría recibido de manera irregular 90.080,97 euros" a través de Estudios Jurídicos Villasís, "quien a su vez los habría recibido de Uniter siguiendo instrucciones" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Según la instructora, dichos fondos procedían de las sobrecomisiones "abonadas por la Junta con ocasión de la tramitación de las pólizas financiadas por esta Administración", a lo que se suma que Guerrero concedió a esta sociedad una ayuda directa de 444.748,96 euros, "cantidad que no consta fuera abonada y que podría estar destinada en parte al director general de Trabajo".