informe | la vivienda pública en cádiz

15.000 gaditanos buscan una vivienda social

  • El registro de demandantes alcanza su récord y supera por segunda vez las 7.000 solicitudes

  • La leve reactivación de las promociones desde Ayuntamiento y Junta son insuficientes ante las necesidades de la ciudad

Actuación de la Junta en una finca en la calle Troilo, en pleno corazón del barrio de Santa María. Actuación de la Junta en una finca en la calle Troilo, en pleno corazón del barrio de Santa María.

Actuación de la Junta en una finca en la calle Troilo, en pleno corazón del barrio de Santa María. / Lourdes de Vicente

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No hace falta ninguna radiografía para constatar la gravedad del problema de la vivienda en Cádiz, presente en la vida de la ciudad desde hace décadas. Pero si buscásemos uno ahí está el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Todos los grandes municipios andaluces disponen de este documento, pero en Cádiz sobresalen las cifras que se computan, elevadas atendiendo a la población de la capital y a su reducido término urbano.

El Registro se renueva cada cierto tiempo. Procasa, la empresa municipal de la vivienda, actualizó sus datos a principios de este mes. Datos utilizados en el reparto de nuevas promociones públicas. Como Cádiz es un erial en el que las administraciones no rehabilitan o construyen fincas desde hace años, el dato de demandantes no sólo no se reduce si no que sigue incrementándose.

De esta forma, el pasado 1 de septiembre se llegó a una cifra récord: 7.063 inscripciones activas, medio centenar más que el dato de hace un año, doscientas más que a principios de 2016 y casi el doble de las existentes cuando se celebró el último sorteo de la última promoción de viviendas: en diciembre de 2012, con 3.984 inscripciones entonces. Todas cifras que marean y muy por encima de otras localidades de la provincia. Un ejemplo: Jerez de la Frontera cuenta actualmente con 4.000 inscripciones, aunque su población casi duplica a la de la capital. Hay que tener en cuenta también que hay un elevado porcentaje de peticionarios que residen en otras localidades y quieren vivir en Cádiz.

No obstante, un estudio paralelo elaborado por Procasa, y referido a las viviendas vacías que hay en la ciudad, refleja el número total de residentes en la ciudad que se ven afectados por este registro: 14.988 vecinos, lo que supone que al menos el 12% de la población de la capital tiene un evidente problema de búsqueda de vivienda, en muchos casos muy grave.

Hay dos barrios donde la necesidad es extrema: Santa María y San Juan, pues el 25% de sus respectivas poblaciones están dentro de este censo. En el primero de los barrios hay 1.053 vecinos sobre 4.236, mientras que en San Juan son 225 sobre 915. Signos ambos del error que ha supuesto la paralización de los planes de rehabilitación del casco antiguo.

El millar de implicados se supera también en La Paz, el barrio más poblado de la ciudad (1.045 sobre 7.778), mientras que llama la atención los 17 vecinos que residen en Santa María del Mar y los 124 de Bahía Blanca, que forman parte de las familias solicitantes de estas viviendas sociales.

Si este registro refleja la gravedad del problema de la vivienda, las distintas estadísticas que incluye reflejan también un empeoramiento en la situación económica de los demandantes. Así, se produce un significativo incremento entre quienes optan por una vivienda de alquiler pues se superan ya los cinco mil (5.065), 200 más que hace un año. Se mantiene estable, por el contrario, quienes están dispuestos a comprar una vivienda pública o alquilarla con la opción de compra. Hay que tener en cuenta que la suma de estas alternativas supera la de los inscritos ya que éstos pueden optar por varias regímenes. Así, quienes exclusivamente piden un piso en alquiler se eleva a 1.260 solicitudes.

Los limitados recursos de estos vecinos aportan otros datos preocupantes: 4.292 solicitantes tienen ingresos mensuales inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta) que actualmente supone 537 euros al mes, una cantidad que apenas les permite subsistir si no cuentan con otros ingresos extras.

El estudio municipal destaca que entre los demandantes el mayor grupo es el de menores de 35 años, con 2.676 inscripciones, mientras que hay 552 mayores en esta situaciones.

Alarma que se cuente con 122 víctimas de violencia de género buscando vivienda, cuando es uno de los grupos de especial protección; lo mismo pasa con 642 demandantes que están en riesgo de exclusión. Esta cifra supone el 9,08% del total, lo que implica duplicar la cifra de hace dos años.

Se mantiene, respecto al último listado, una persona víctima del terrorismo, 922 familias monoparentales y 208 numerosas, además de 962 con alguna discapacidad.

A este apabullante conjunto de cifras, de las que no se puede sacar ni la más mínima lectura positiva o que invite al optimismo, se llega tras el parón y marcha atrás que sufrió Cádiz en todo lo referido a los planes de viviendas que, especialmente desde 1997-1999 se pusieron en marcha desde las administraciones públicas. La crisis económica iniciada en 2008 dejó sin fondos especialmente a la Junta de Andalucía, que había asumido el control de la vivienda en la ciudad; en Ayuntamiento tampoco se vio libre de los recortes, especialmente tras la costosa operación de la promoción de la Guardia Civil, que aún hoy dificulta la tarea inversora de Procasa.

El despunte económico en los dos últimos ejercicios sí se ha dejado notar en el retorno a la acción de la iniciativa privada. La Junta, sin embargo, apenas se ha limitado a actuar en el Corralón de los Carros (una promoción que llevaba en lista de espera) y en Troilo y a anunciar la segunda fase de Matadero, aunque partida en dos e igualmente con años de retraso. Ahora anuncia posibles actuaciones en la lucha contra la infravivienda, aunque sin concretar inversiones y pidiendo el apoyo municipal.

El Ayuntamiento, por su parte, retorna a la rehabilitación con una operación en Santa María que se anunció, también, hace una década, aunque sigue acumulando decenas de solares y bloques vacíos en toda la ciudad. Sí saca adelante un ambicioso proyecto en Doctor Marañón, con apoyo financiero europeo, y se está cerrando los fondos para actuar, a medio plazo en Cruz 11.

Frente a ello, colectivos como determinadas asociaciones de vecinos o entidades como Derechos Humanos se han mostrado muy beligerante a la hora de denunciar el estado de alarma en el que se encuentra la ciudad en materia de vivienda social. "La situación de emergencia habitacional es insostenible", decía el pasado junio Rafael Lara, activo dirigente de la Apdha.

Atendiendo a estas demandas, el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, visitó la ciudad el pasado mes de marzo. Se reunión con la Junta, se reunió con el Ayuntamiento y atendió a numerosos colectivos vecinales. Con todos se comprometió a elaborar un dictamen que sirviese a las administraciones para trabajar en común. Fuentes de esta institución andaluza indicaron a este Diario que el documento aún está en fase de elaboración. Mientras, miles de gaditanos siguen a la espera.

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