El panorama que ofrece la concejal de Vivienda, Eva Tubío, sobre las posibilidades de actuación de las administraciones públicas en la ciudad no son nada alentadoras aunque, visto lo realizado desde 2008 sí es cierto que se atisba el inicio de un lento proceso de recuperación en materia de inversiones, muy escasas en todo caso ante las urgentes necesidades que tiene la ciudad.

El propio Ayuntamiento está viendo coartada su capacidad de actuación ante la ausencia de fondos autonómicos, inexistentes en el actual Plan Andaluz de la Vivienda, así como en el Plan Nacional. Por ello, la operación que está a punto de iniciarse en Santa María 10, con cerca de un millón de euros, está sufragada en su totalidad con fondos municipales; en Doctor Marañón, sustancialmente más costosa, se cuenta con ayuda europea, mientras que se busca dinero para cerrar la financiación de Cruz 11, también con un millón aproximado de coste. Tres actuaciones que son las primeras que ejecuta el Ayuntamiento desde hace cerca de diez años, exceptuando el proyecto de los pisos de la Guardia Civil. Uno de los objetivos de la concejalía es reactivar también la reordenación en García de Sola, donde hay dos solares municipales vacíos.

Que Procasa asuma más proyectos choca con el alto endeudamiento que tuvo que asumir tanto por la obra de la Guardia Civil como por el pago de la Residencia de Mayores de Loreto. La intención municipal es que "ahora que las cuentas están ya más saneadas" se vuelva a considerar a Procasa como Sociedad de Mercado, lo que le evitaría estar dentro del ámbito económico del Ayuntamiento y contar de esta forma con más facilidad para obtener financiación externa. "Los gobiernos del PP nos dejaron esta herencia terrible y ahora sólo esperamos que el Ministerio de Hacienda acepte nuestra petición".

Pero más allá de los fondos locales, evidentemente importantes, Tubío resalta una cuestión ya conocida y denunciada por numerosos colectivos ciudadanos: el parón inversor de la Junta.

"La Junta lleva años sin aportarnos la más mínima subvención, limitándose a sus propias viviendas. Pero, encima, ellos se están limitando al mantenimiento del parque ya existente, con lo que por ello el registro de demandantes no se mueve más allá de cuando queda algún piso libre".

Constata la edil que "hay que ser muy críticos con la Junta porque mantiene la financiación a cero, pero al mismo tiempo debemos mantener abiertas las líneas de diálogo con la Consejería porque lo que no queremos es bloquear son nuevas operaciones (como la segunda fase de Matadero, que se hará en dos fases, algo difícil de entender tras años de espera pero que para Eva Tubío "mejor es eso que nada"). Eso sí -concluye- es imprescindible que la Junta recupere la política de vivienda en la ciudad de hace diez años".

En la medida de las posibilidades de Procasa la intención es priorizar promociones en alquiler al considerarse que, con los datos que se manejan, es la principal necesidad de miles de gaditanos que no tienen capacidad para afrontar la compra de una vivienda. Se quiere así aumentar el parque de viviendas municipal, unas 1.600 actualmente, con lo que se facilitaría actuaciones futuras a medida que éstas se queden vacías.

Lo cierto es que el alquiler es uno de los grandes problemas en materia de vivienda de la ciudad: precios elevados y ofertas extremadamente limitadas ya que cada vez son más los propietarios que las destinan a usos turísticos.

Aquí el Ayuntamiento puso en marcha una nueva ordenanza sobre alquiler social, ampliando el ya existente de la etapa de gobierno del PP. Tubío reconoce el escaso número de propietarios que están colaborando. "Este es uno de nuestros grandes problemas y muy doloroso, porque son familias que no pueden alquilar porque no tienen avales o una nómina suficiente. Podrían permitirse un precio justo que apenas se ofrece. Cuando nos sentamos con propietarios para hablar de esta ordenanza se mostraron muy satisfechos (se garantizaba tres años de pago de renta por parte de Procasa con lo que es un proceso más ágil que el del Ayuntamiento, además de 50 euros para el abono de la comunidad e incluso una ayuda de hasta 6.000 euros sin intereses para poner en condiciones de habitabilidad la vivienda, además de un seguro de daños y el certificado de eficiencia energética)", pero ello no ha sido suficiente para obtener una respuesta a una necesidad acuciante.

La intención de la concejalía es de relanzar la campaña de captación de nuevas viviendas "para que se entienda que hace falta para muchos ciudadanos. La experiencia que tenemos hasta ahora es muy positiva y tanto las familias inquilinas como las propietarias están satisfechas".

La posibilidad de actuar sobre patrimonio municipal a través de cooperativas, solicitada por entidades vecinales y un centenar de los inscritos en el registro de viviendas, aunque no es mal visto por la concejalía choca con la falta de financiación pública y privada.