El Defensor del Pueblo Andaluz no sólo valora positivamente el bono social eléctrico estatal en su último informe anual, sino que ha abierto una actuación de oficio en la que pide a las Administraciones Públicas -también a todos los Ayuntamientos- que divulguen entre la ciudadanía el bono social eléctrico estatal, sobre todo entre las personas que padecen situaciones de pobreza energética.

En un comunicado difundido hace unos días, la institución que encabeza Jesús Maeztu ha mostrado su "preocupación" por el escaso número de solicitudes aceptadas, "por el riesgo que supone de cortes de suministro por impago a familias en situación de pobreza". "Pedimos a todas las Administraciones Públicas que ayuden a las personas que cumplan los requisitos a cumplimentar la solicitud del nuevo bono eléctrico" estatal, aclaró ayer a este periódico un portavoz del Defensor.

Esta petición de que se pongan en marcha "medidas de información y asesoramiento sobre el nuevo bono social eléctrico, dirigidas a la ciudadanía en general y en particular a las personas que se encuentran en situación de pobreza energética y aún no cuentan con bono ni han formulado solicitud al efecto" se ha dirigido: a las Direcciones Generales de Consumo y de Industria, Energía y Minas de la Junta, a las Diputaciones Provinciales, a los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de la que también forma parte el Ayuntamiento de Cádiz. Además, la Oficina de Maeztu ha solicitado al Defensor del Pueblo de España, que traslade al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital "la necesidad de adoptar medidas de difusión del nuevo bono social eléctrico". Recientemente, el ministerio puso en marcha la web www.bonosocial.gob.es.

El Defensor andaluz argumenta que hasta el pasado abril únicamente se habrían presentado 440.000 solicitudes para acogerse al nuevo bono social eléctrico, lo que representa apenas un 16% del total de hogares que estaba acogidos al anterior bono social (2,4 millones). Y que de esas solicitudes sólo se habrían aprobado 170.000.

"Estas cifras suponen que muchos hogares que contaban con bono social pueden quedar sin ayuda alguna para el pago de las facturas eléctricas, incrementándose así el riesgo de impagados y la posibilidad de corte de suministro. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido prorrogar el plazo de presentación de solicitudes del nuevo bono social hasta el mes de octubre". Sin embargo, la institución considera "que esta prórroga no es garantía suficiente de que esta situación vaya a cambiar" y por eso cursa esta petición de divulgación del bono estatal.

A la vez, el Defensor del Pueblo Andaluz muestra su "preocupación por el riesgo añadido de cortes de suministro a familias en exclusión, al no estar implementadas adecuadamente las medidas previstas por ley para evitarlos". Por ello, han abierto de oficio la queja 18/0894, solicitando información a la Dirección General de Industria, Energía y Minería, dependiente del Gobierno central, "sobre los acuerdos de coordinación con Ayuntamientos y empresas eléctricas que son necesarios para evitar que los suministros de los consumidores más vulnerables puedan ser cortados".

En Cádiz, el equipo de Gobierno y los colectivos de la Mesa contra la pobreza energética siguen demandando que se ponga en marcha el bono social de Eléctrica de Cádiz (EC), "bloqueado" por la falta de unos convenios que debe firmar el presidente de la Fundación EC, el concejal del PP José Blas Fernández, quien sigue pendiente de una consulta de carácter fiscal.

Mientras tanto, desde Vecinos de Cádiz-Federación 5 de abril, exigen al equipo de Gobierno que cumplimente los trámites necesarios para que EC pueda dar ya el bono estatal, el único vigente hasta el momento y por tanto el único que consideran capaz de paliar las necesidades urgentes de unas 2.000 familias en situación de pobreza energética. Para ello es imprescindible que EC se convierta en comercializadora de referencia. Hay ocho en España, entre ellas dos de pequeño tamaño, las de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Pero un reciente informe de EC encargado por su presidente, el concejal del equipo de Gobierno David Navarro, sostiene que convertirse en comercializadora de referencia podría llevar a la compañía a incurrir en pérdidas y en causas de disolución, generando un grave impacto en las cuentas del Ayuntamiento, que vería muy mermados sus ingresos, y obligaría a la compañía a subir los precios, de manera que podría perder todos sus clientes.

Hasta febrero sólo una familia había solicitado acogerse al bono estatal, pese a que la concejala de Asuntos Sociales asegura que se está informando de todas las ayudas disponibles, vengan de la institución que vengan.