La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta Antonio Ceballos Atienza y lo ha citado a declarar el próximo 25 de abril, en relación con una ayuda de 300.000 euros concedida para los trabajadores del centro geriátrico del obispado.

En un auto que tiene fecha de ayer, la instructora considera que los hechos podrían presentar características que “hacen presumir la existencia de una infracción penal” y ha imputado al obispo emérito, además de otros cuatro investigados: el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, y el ex jefe de servicio de la dirección general de Trabajo Antonio Diz-Lois Ruiz.

La decisión de la instructora se produce tras el atestado remitido por la Guardia Civil de Algeciras, en el que solicitaba estas imputaciones y consideraba que puede existir responsabilidad penal del prelado "por su intervención directa en los hechos con los responsables" de la Consejería de Empleo para la consecución de una ayuda económica "prescindiendo del procedimiento establecido y vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia que debe regir los actos de la administración pública".

La Consejería de Economía de la Junta acordó en febrero del 2013 el archivo de las actuaciones para solicitar la devolución de esta ayuda, una decisión que contaba con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, al entender que la exigencia de la devolución iría en contra de la "buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios".

En el atestado, los agentes critican precisamente la decisión de la Junta de no reclamar la devolución, al estimar que la misma "carece de racionalidad, al haberse dado un tratamiento jurídico diferente con respecto a los demás expedientes, en los que se dan las mismas circunstancias de igualdad en las situaciones de hecho, evidenciando una falta de justificación razonable y posible prevaricación administrativa, al no evitarse privilegios y desigualdades discriminatorias". El atestado concluye a este respecto que se está "dando la impresión de que con dicha actuación se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado", ironiza la Guardia Civil.

Los investigadores de la Guardia Civil explican que el centro geriátrico del obispado de Cádiz es un edificio convertido en la actualidad en residencia de mayores y que procede el antiguo hospital de la Misericordia-San Juan de Dios, cuyos trabajadores fueron absorbidos por la empresa que regente la residencia. El 6 de octubre de 2008, el obispo envió una carta a Antonio Fernández solicitando la ayuda para los trabajadores, sometidos a un ERTE, lo que derivó en la concesión de esta ayuda.

La Guardia Civil constata que los 300.000 euros fueron ingresados en las cuentas del Obispado, pasando a formar parte del "gasto corriente y sirviendo para abonar todo tipo de facturas". En el expediente señalan asimismo que "no consta la relación de los beneficiarios de la ayuda económica" y que el pago no fue para 50 trabajadores, sino "para un máximo de 42 personas, dependiendo del mes" y que el importe total del gasto justificado "sobrepasa la ayuda económica concedida, por lo que la diferencia fue aportada por el propio Obispado".