Desde un primer momento, la investigación policial desarrollada a raíz del robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal han insistido en una tesis que explica lo ocurrido: la ausencia de "los más mínimos controles" permitió la desaparición sistemática del dinero. En estas conclusiones, que trascendieron en 2009, se llega a hablar de "dejación de funciones" por parte de los órganos superiores del área de Economía y Hacienda.

Tesorera e interventor, María de las Virtudes Gómez Montero y José Antonio López, considerados responsables subsidiarios en el procedimiento de reintegro por alcance que ha abierto el Tribunal de Cuentas rechazan abiertamente los argumentos policiales.

En sus escritos de contestación a la demanda presentada por el Ayuntamiento queda reflejado su posicionamiento: el robo se produjo porque fue imposible su detección en medio de una situación caótica y en la que la contabilidad municipal arrastraba un notorio retraso, un circunstancia a la que se suma también la falta de medios materiales y humanos a las que tenían que hacer frente.

El dictamen que ambos han encargado al catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Rafael Navas Vázquez, que acaba de ser admitido como prueba pericial por el Tribunal de Cuentas insiste en estos argumentos, destaca su buen hacer y diligencia en la puesta al día de la contabilidad municipal y niega que ambos claveros incurrieran en negligencia.

El documento, elaborado por el que fuera consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía hasta febrero de 2011 y, por tanto, responsable del órgano fiscalizador andaluz cuando se elaboró el polémico informe que tumbó la gestión municipal en materia económica a raíz del robo, descarta la existencia de responsabilidad por parte de los claveros.

"Ambos desarrollan sus funciones directivas y de organización con extraordinaria dedicación", advierte. "El órgano superior no puede suplantar completamente el ejercicio de las funciones de quienes las tienen asignadas de forma que, como en el presente caso, la tesorera y el interventor punteasen la totalidad de los documentos que implicaban entrada o salida de fondos de la caja municipal porque, como también se ha expuesto, éstas eran precisamente las funciones que estaban expresamente asignadas a los cajeros", explica el dictamen.

Además -reitera dicho informe- lejos de rehuir dichas responsabilidades, "no omitían el cumplimiento riguroso de sus competencias exigiendo a los mencionados cajeros el cuadre de caja diario -hay más de 1.200 documentos de este tipo- y periódicamente asistían al recuento de efectivo y comprobaban las existencias de éste en el denominado cajón diario".