"De momento no tengo pensamiento de volver. En absoluto. No me veo con ánimo". Estas son las palabras de Esteban Martín, el profesor del colegio Andrés de Ribera, en Jerez, que fue víctima de una agresión en el mismo centro en el que trabaja hace casi un año.

El próximo 31 de enero se cumplen los doce meses de ese suceso que revolvió a la comunidad educativa jerezana, que se echó a la calle para pedir una convivencia en paz en las aulas y tratar de evitar que esas situaciones volvieran a repetirse. Una gran manifestación de apoyo con una respuesta masiva fue convocada días después en el centro de Jerez.

Un año después de aquel desagradable suceso, en el que supuestamente este maestro fue agredido por el progenitor de una de las alumnas del centro, el proceso judicial que se puso en marcha en instrucción ha avanzado muy poco o casi nada. Ni siquiera se ha tomado declaración a las partes. Hay que apuntar que a día de hoy el profesor ni siquiera se ha personado en el proceso como acusación particular, sino que se incoaron diligencias previas por la denuncia de Educación y a raíz del parte de lesiones que se emitió por el hospital. Tampoco se ha tomado declaración a los testigos del suceso. "No sabemos siquiera si querrá emprender acciones, eso depende de él", comenta su abogado, Juan Pedro Cosano.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, que en esa fecha, 31 de enero de 2007, asumía las competencias de los asuntos de violencia sobre la mujer. Ahora, con la creación de este juzgado ex profeso parece que podrá empezar a dar salida a otros asuntos propios de instrucción.

En este caso se ha llegado a producir una paradoja. El mismo profesor fue denunciado por los progenitores de la menor, a la que aquella mañana del 31 de enero del año pasado apartó de un lugar en el patio, porque en esa zona estaban trabajando unos obreros y podía resultar peligroso para los pequeños que merodeaban por allí. Ese gesto de protección a la pequeña le costó al docente sentarse en el banquillo hace apenas unos meses por un juicio de faltas. El maestro siempre negó haber cogido por el cuello de forma violenta a la niña para llevarla hasta otro lugar del centro donde no molestara a los operarios, que estaban trabajando con un instrumento peligroso y cortante como un rotaflex. La Justicia le dio la razón porque ni el fiscal lo acusó de esa posible falta de lesiones a la pequeña, cuyos padres decidieron cambiarla de centro después de lo ocurrido, y eso pese a que había un parte de lesiones y un tratamiento médico para aliviar ese dolor sintomático.

La declaración de los testigos, el mismo operario y el director del centro, dejó claro lo ocurrido. El fiscal consideraba que empleó la fuerza necesaria para llevarse a la alumna y a otros más por ese peligro potencial y que como garante de la seguridad de los alumnos mientras estuvieran en el centro, hizo lo que debía. El juez siguió esta misma teoría, que también sostenía su defensa y salió absuelto de esa causa. El juicio de faltas se celebró más de medio año después de lo ocurrido y ahora queda pendiente el otro frente judicial que está abierto, algo más complejo porque se puede tratar de un delito de lesiones o incluso de atentado.