El que ha sido bautizado como el caso Obra Nueva Puerto, la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente lleva a cabo con el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil desde que el gobierno del Partido Popular de El Puerto denunció en octubre de 2007 los primeros casos de certificados falsos de obra nueva detectados en el municipio, durante el anterior mandato municipal de Independientes Portuenses (que gobernaban en coalición con el PSOE), ya ha alcanzado a los políticos. El fiscal coordinador de la red de fiscales de Medio Ambiente en Andalucía, Ángel Núñez, avanzaba a este diario que ya había interpuesto del orden de unas 150 denuncias en los Juzgados. Unas denuncias que se dirigían contra autores y beneficiarios de esos certificados falsos, con los que, según las previsiones del gobierno del PP de El Puerto, se habrían edificado más de tres centenares de viviendas ilegales.

Ayer, el propio Núñez desveló a este periódico que también ha empezado a interponer denuncias en los Juzgados de la localidad contra anteriores dirigentes de Independientes Portuenses. Y es que hay que recordar que algunos de los casos fraudulentos de obra nueva remitidos a Fiscalía fueron además 'legalizados' por decreto municipal.

Esos decretos de legalización de viviendas habrían sido firmados por al menos tres personas: el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, el ex alcalde Hernán Díaz y el también ex alcalde de IP Fernando Gago, ahora miembro del gobierno del PP de El Puerto. Con estos decretos, dueños de viviendas construidas sin licencia habrían logrado el beneplácito municipal a edificaciones erigidas además al margen del Plan general, bien en suelos clasificados como no urbanizables o urbanos no consolidados, en los que tampoco se pueden autorizar edificaciones. Incluso se han legalizado casas que sólo estaban en cimentación. Y en algunos casos, por supuesto silencio administrativo, comunicado curiosamente de puño y letra por el ex edil de Urbanismo.

El fiscal informó que las denuncias interpuestas son por la posible comisión de un delito de prevaricación, si bien no descarta que en algunos casos coexista también un presunto delito contra la ordenación del territorio.