"Comprobamos que el domicilio de TISA estaba en una clínica estética"

Ayer se reanudó con la declaración de los primeros testigos el juicio en la sección jerezana de la Audiencia Provincial contra la ex alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez y otros dos miembros de su anterior gobierno por supuestas irregularidades en la concesión de una subvención a la empresa TISA (Tecnología Innovación Sanitaria) para que adquiriera una parcela en el PTA. Entre ellos se encontraban la alcaldesa, María José García-Pelayo; el ex interventor municipal Juan Manuel Ríos y la entonces secretaria municipal, Pilar Cecilia García González.

La regidora, cuya declaración se alargó durante aproximadamente hora y media, explicó que, tras llegar a la Alcaldía en junio de 2011, tuvo conocimiento de la denuncia del PSA e hicieron una serie de "comprobaciones" sobre el expediente de la empresa detectando que esta "había cambiado" su objeto social cuando la Fiscalía ya había iniciado la investigación así como que se encontraba domiciliada en "una clínica estética" de la localidad sevillana de Tomares. Todo ello fue puesto entonces en conocimiento del ministerio fiscal, que se sumó a la denuncia del PSA.

En su declaración, y ante la insistencia del letrado Juan Pedro Cosano, que lleva la defensa de Pilar Sánchez, García-Pelayo explicó que es habitual "dar facilidades" a las empresas que pretenden invertir en Jerez pero "sin modificar los criterios de selección de proyectos ni los precios del suelo". "Hay que dar facilidades dentro de los límites legales y aprobadas por los órganos pertinentes", argumentó. Calificó, además, de "precipitado" que se aprobara en el mismo día en un pleno el cambio de las condiciones de la venta del suelo a TISA y la firma de las escrituras de la compraventa.

Con posterioridad, fue preguntada por otro de los letrados si conocía que se hubiera aprobado algún expediente que contara con un informe negativo, extremo que negó señalando, no obstante, que sí tenía "constancia" de que esto había ocurrido en anteriores gobiernos, aunque apuntó que desconocía si entre estos supuestos se encontraba el de TISA. Acto seguido explicó: "El criterio político es decidir si apoyar o no una determinada acción y son los técnicos los que establecen el procedimiento". Asimismo, y ante la pregunta de varios abogados, detalló que es normal que el máximo responsable político del Ayuntamiento firme "sin apenas leer" los documentos que le presentan las distintas áreas, siempre y cuando "vengan con la firma de los técnicos" y "sin reparos". Finalmente, la alcaldesa señaló que el actual gobierno ha mantenido algún que otro contacto con la firma sevillana ya que esta mostró su interés por deshacerse de la parcela.

Después declararon los dos funcionarios con mayor responsabilidad del Ayuntamiento en el periodo que le fue concedida la subvención a TISA: la secretaria y el interventor. La oficial mayor en funciones de Secretaria del Consistorio, Pilar Cecilia García González, afirmó que no encontró irregularidades en el expediente que posibilitó la concesión de la ayuda para que el precio de la parcela le resultara más barato a TISA (la subvención fue de unos 244.00 euros). "Soy la fedataria pública y digo que no hay reparo porque la resolución viene acompañada de toda la documentación", apuntó. En este sentido, reiteró que previo a su visto bueno se cumplieron unos "hitos" con informes evacuados por otros técnicos municipales que tampoco pusieron pegas al procedimiento. Al ser preguntada por uno de los abogados si la documentación obrante en el expediente era "suficiente" para que fuera legal dijo: "Para mí, sí". Incluso, respondió afirmativamente a que Sánchez hubiera incurrido en prevaricación en el supuesto de que se hubiera negado a firmar la concesión sin informes en contra. Esta es precisamente una de las piedras angulares de la defensa de la ex regidora y de los ex ediles Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez, la inexistencia de opiniones técnicas contrarias a la concesión.

Mientras, el ex interventor municipal insistió en señalar que su informe sobre el controvertido expediente se limitó a la existencia de "crédito", de ahí que fuera positivo. Asimismo comentó que en el momento administrativo en el que se encontraba el expediente cuando lo analizó no podía determinar si estaba "acreditada" la legalidad o no de todo el proceso.