EN pleno siglo XXI, y cuando en todos los ámbitos se apuesta por el desarrollo sostenible, el Ayuntamiento de Prado del Rey promueve un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que responde a una política urbanística y turística obsoleta, a imitación del urbanismo especulativo que se ha impuesto en muchos municipios, con su indeseable secuela de impactos ambientales, ilegalidades y corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia anulando el PGOU de Prado aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) en julio de 2007. Esta sentencia ha sido celosamente ocultada por el alcalde de Prado. ¿Por qué? Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué intereses responde la actuación de sus representantes y si se atiene a la legalidad. No es cierto, como asegura el alcalde, que esta anulación sea sólo de una "aprobación parcial". La sentencia (que se puede consultar en www.ecologistasenaccion.org

/spip.php?article12136) falla contra la referida aprobación de la CPOTU, concluyendo que "debemos anularla y la anulamos".

El alcalde intenta obviar la gravedad de haber aprobado un PGOU que ha sido declarado ilegal y asegura que con posterioridad, en abril de este año, han aprobado otro que es legal y está en vigor. Pues bien, si este Plan es "nuevo", le es de aplicación toda la nueva normativa urbanística aprobada por la Junta y el Parlamento de Andalucía, como la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de los campos de golf, o la Agenda 21 de Andalucía. Este PGOU trasnochado no cumple ninguna. Si estas normas estipulan que los desarrollos urbanísticos deben realizase en el entorno de los núcleos urbanos existentes, que deben optimizar y reducir al mínimo el consumo de recursos naturales (suelo, agua, paisaje…), que el turismo debe potenciarse en base a equipamientos de alojamientos y no de promociones residenciales… ¿cómo se entiende que el Ayuntamiento de Prado vaya en la dirección contraria? Ecologistas en Acción presentó alegaciones -al negarlo, el alcalde miente- contra el PGOU de Prado en base a los mismos argumentos que han llevado a su anulación. El Ayuntamiento las rechazó sin justificación de ningún tipo. El PGOU contempla la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 2.151 nuevas viviendas, cuando el crecimiento demográfico de Prado, que actualmente tiene 6.000 habitantes, se estima en menos de 500 nuevos habitantes hasta el 2015. Mientras que el POTA no permite incrementos de suelo urbanizable superiores al 40%, ni de población superiores al 30% en ocho años, el PGOU triplica los suelos urbanizables y prevé duplicar la población. ¿Esta es la legalidad que defiende el alcalde? Lo curioso es que cuando Ecologistas en Acción ha presentado una demanda ante el TSJA solicitando la anulación del PGOU, el abogado de la Junta ha contestado al Tribunal que ya está anulado, por lo que pide que no se admita nuestra demanda. ¿En qué quedamos?

Hay dos actuaciones en el PGOU que sólo se explican por la sumisión a los intereses especulativos privados. El Plan Parcial "Los Castillejos", con una superficie de 798.212 m2, incluye un campo de golf y 400 viviendas. La propia CPOTU estimó que este modelo urbanístico incumple la LOUA y el POTA, que prescriben "un modelo de ciudad compacta, evitando procesos de expansión indiscriminada". Poco antes de que el Ayuntamiento aprobara el campo de golf, la empresa promotora le "donó" 300.000 euros. Sospechoso, ¿no? Y, ¿de dónde van a sacar el agua si Prado padece restricciones? De la depuradora no, porque Prado ni tiene. Especial gravedad reviste la recalificación de una amplia zona del Parque Natural Los Alcornocales, nada menos que 581.064 m2. El Ayuntamiento lo justifica para regularizar el medio centenar de viviendas ilegales existentes (construidas con su complacencia, claro), pero se pretenden construir, además, casi un centenar más, un hotel, un geriátrico…, y todo en un espacio protegido por leyes andaluzas y europeas. Un auténtico escándalo.

Si el alcalde no tiene paciencia para asimilar las fundadas denuncias contra las ilegalidades urbanísticas, o que entidades como Ecologistas en Acción informen verazmente a los ciudadanos, le quedan dos opciones: o dimitir o hacerse adicto a la tila. Sabe de sobra que de nada le van a servir sus amenazas ni sus ataques personales. No nos va a callar. Otros correligionarios suyos lo intentaron antes, y fracasaron.

La única opción de futuro para Prado del Rey es priorizar las viviendas de protección oficial, las sociales y las destinadas a jóvenes, y promocionar un turismo de alojamientos; y todo ello en el interior y en el entorno del actual núcleo urbano, potenciando la ciudad existente, garantizando el desarrollo sostenible y la conservación de su valioso patrimonio natural, paisajístico, arquitectónico y etnológico.