El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha pedido su libre absolución en el caso de los ERE fraudulentos, en un escrito de 81 folios en el que carga contra la Intervención General de la Junta, en cuyos informes asegura que no se alertó de ninguna ilegalidad relacionada con las ayudas y entiende además que en todo caso el órgano fiscalizador debió haber realizado el correspondiente "informe de actuación", que habría supuesto que las deficiencias observadas en el sistema por el que se pagaban las ayudas a través de las transferencias de financiación habría llegado hasta el Consejo de Gobierno de la Junta.

En el escrito de defensa, presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo, sostiene que no pretenden "erigirse en jueces de la actuación" de la Intervención General de la Junta, pero sí advierte que la actuación "por omisión" de la IGJA -al no emitir reparos suspensivos a las transferencias cuyo carácter finalista conocía y no emitir el informe de actuación- generó un "elemento de confianza en la corrección de su propio actuar" por parte del entonces consejero de Empleo, quien "en ningún momento recibió las alertas que ordinariamente recibe el órgano de gestión en caso de incumplimiento legales o riesgo de menoscabo de fondos públicos".

Así, la defensa de este ex alto cargo, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, afirma que en el caso de que la Intervención hubiera apreciado cualquier elemento de ilegalidad en el procedimiento de concesión y pago de las ayudas, en base a un específico "deber legal, habría hecho (podría y debería haber hecho) uso de sus prerrogativas, con suspensión de la tramitación y paralización de los pagos". Pero el modo de actuar de este órgano pone de manifiesto, prosigue el letrado, que la Intervención de la Junta "jamás apreció ni causa de ilegalidad en el procedimiento, ni riesgo de menoscabo de fondos públicos".

El hecho de no emitir el informe de actuación "posibilitó y fue un factor determinante para consolidar en el tiempo la presunción de legalidad y conformidad a Derecho del modelo de gestión instaurado", al tiempo que para el ex consejero la Intervención debió haber fiscalizado las transferencias de financiación que Empleo hacía al IFA/IDEA para el pago de las ayudas de los ERE, por cuanto resulta "incomprensible" que ante unas operaciones de gasto llamativamente cuantiosas "se omitieran los procedimiento de control con la simple excusa de que formalmente tenían la consideración de transferencias de financiación". Al no haber emitido el informe de actuación, las críticas de la Intervención son para la defensa "meros comentarios informales", y añade que el informe de actuación, que "debió emitirse", es el que "advierte a los responsables políticos de las irregularidades y del incumplimiento".

El ex alto cargo dice que la Intervención tenía "perfecto conocimiento" del destino de las transferencias, a través del interventor delegado en Empleo.

Fernández denuncia igualmente que las conclusiones hechas por la Intervención en el informe adicional definitivo de julio de 2005 -sobre el informe de auditoría de cumplimiento del ejercicio de 2003 realizado al IFA- "no se corresponden con las del informe provisional, con la consiguiente vulneración del principio de procedimiento contradictorio". Dice la defensa que en el informe provisional se omitió la conclusión respecto a que la dirección general de Trabajo había tramitado las subvenciones excepcionales "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido", una omisión que "dejaba formalmente inalterada la apariencia de regularidad y legalidad del sistema de ayudas".

Dice la defensa que las presuntas ilegalidades en la concesión de las ayudas y las supuestas conductas "arbitrarias o fraudulentas", "de haberse producido, jamás fueron conocidas" por Antonio Fernández, por cuanto el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, ejerció en todo momento "con autonomía" las competencias que tenía encomendadas y además el consejero depositó "confianza en el buen hacer del inferior jerárquico y no tuvo conocimiento ni consintió en relación a cualesquiera presuntas irregularidades o excesos hipotéticamente producidos".

De la misma forma, Fernández niega ser el ideólogo del convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas, un convenio que firmó "por razón de su cargo" como presidente del IFA y "siguiendo las instrucciones" del consejero, entonces José Antonio Viera.