Doble condena a dos niñas de 5 y 10 años: huérfanas por violencia machista y ahora desahuciadas en Madrid

El sistema ha vuelto a fallar a quienes más protección necesitaban. El pasado 14 de enero, en el distrito madrileño de Villaverde, se ejecutó el desahucio de una familia marcada por la tragedia: una abuela de 65 años y sus dos nietas, de 5 y 10 años, huérfanas desde 2023 tras el asesinato machista de su madre.

Pese a existir informes de servicios sociales que acreditaban su "extrema vulnerabilidad", el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid ordenó el lanzamiento, dejando en la calle a una unidad familiar que subsistía con apenas 600 euros al mes.

Una "cadena de errores"

Lo ocurrido en Villaverde no ha sido solo un procedimiento administrativo, sino lo que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) califica como "un fallo brutal del sistema judicial". La abuela, que se hizo cargo de las menores tras el feminicidio, no tuvo oportunidad real de defensa el día de los hechos. Según denuncian las entidades vecinales: Sin abogada: La letrada de oficio asignada no se presentó al desahucio; En su lugar envió a un procurador sin capacidad legal para negociar con la comisión judicial. Sin mediación: Al no haber defensa, no se pudieron explorar vías de aplazamiento o mediación que hubieran ganado tiempo para buscar un techo digno. Informes ignorados: La familia contaba con un certificado de vulnerabilidad expedido por los servicios sociales. Este documento, que habitualmente sirve para frenar o prorrogar estos lanzamientos, no impidió que la policía y el cerrajero ejecutaran la orden a las 13:00 horas. "Es una vergüenza que el juzgado, teniendo un informe de vulnerabilidad social como tuvo, no paralizara el desahucio. Lo que ha ocurrido es una demostración clara del fracaso del sistema de garantías", ha sentenciado Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM.

La sombra de los fondos de inversión

El origen de la pesadilla habitacional de esta familia es una deuda hipotecaria antigua. El fondo inmobiliario adquirió dicha deuda a Caixabank y activó la maquinaria judicial para quedarse con el inmueble. Fuentes cercanas a la familia relatan un clima de acoso previo: en los meses anteriores al desahucio, personas vinculadas al fondo visitaron la vivienda repetidamente para "presionar y acelerar la salida", llegando incluso a ofrecer dinero a la abuela para que abandonara el piso con las niñas.

Hoy, la abuela y las dos menores no duermen en la calle gracias a la solidaridad de su red de amistades, que las ha realojado temporalmente. Sus ingresos, muy por debajo del salario mínimo, hacen imposible el acceso a un alquiler en el mercado libre actual. La FRAVM ha anunciado que no dejará sola a la familia y que mantendrá el acompañamiento. Además, elevarán el caso al Ministerio de Justicia, solicitando una reunión urgente para abordar cómo es posible que el sistema desproteja de esta manera a las víctimas colaterales de la violencia machista.