En vísperas de Semana Santa, el pasado 13 de marzo, la Conferencia Episcopal Española fue contundente: “las procesiones han de suprimirse”, dijo. Y esa irremediable indicación se mantiene activa más allá del Domingo de Resurrección, siendo también numerosas las procesiones que se celebran a partir de ese día en Cádiz y en todas las ciudades. La duda ahora es saber cuándo podrán volver a salir las procesiones a la calle.

El mapa dibujado por el Gobierno para los próximos meses, eso que han llamado desescalada hasta recuperar algo tan contradictorio como la “nueva normalidad”, no aclara qué va a ocurrir con las procesiones. Lo que significa una salida procesional (dejando a un lado todas las connotaciones religiosas) y el escenario que ocasiona cada cortejo, imagen y paso que sale a la calle no aparece contemplado en ninguno de los campos que ha previsto el Gobierno para las cuatro fases (de la 0 a la 3) y la posterior “nueva normalidad”.

Nada se dice al respecto en el epígrafe “lugares de culto religioso”, que lógicamente solo limita el aforo que pueden tener las iglesias (un tercio a partir de la fase 1 y el 50% en las fases 2 y 3); ni tampoco se puede trasladar al ámbito cofradiero nada de lo establecido en el epígrafe relativo a las actividades culturales y de ocio, ya que en los eventos al aire libre siempre establece el Gobierno de manera clara que en todos los casos el público asistente debe estar “sentado y manteniendo la distancia necesaria” (algo imposible en una procesión, salvo en el tramo de carrera oficial durante la Semana Santa), estableciendo además un límite máximo de 400 personas para la fase 2 y de 800 personas en la 3. De igual forma, en el ámbito personal que sí se refiere a bodas o velatorios no aparece nada que se pueda extrapolar a este culto externo de la Iglesia Católica.

Así las cosas, cabe la posibilidad de interpretar que la similitud ‘laica’ de una procesión (que puede ser un evento al aire libre que provoca grandes concentraciones de personas) no se contemple en ninguna de las fases de la desescalada. Y eso conlleva que al menos hasta mediados de septiembre, cuando se extendería la “nueva normalidad”, no podría pensarse en procesiones recorriendo las calles.

Básicamente son dos los motivos que juegan en contra de las hermandades y sus salidas. De un lado, la concentración de público que provoca toda procesión, que es ciertamente difícil de controlar y mucho menos de limitar en aceras, calles y plazas. ¿Cómo definir, por ejemplo, qué cantidad de personas o qué porcentaje de aforo de un itinerario puede alcanzarse como máximo? ¿Quién puede controlar eso? ¿Habría policías suficientes? De otro lado, las hermandades son también muy conscientes de otro problema directo: los cargadores. ¿Cómo meter, en estos meses de confinamiento y de distancias de seguridad de al menos un metro, a 40 o 50 personas debajo de un paso?

La incertidumbre, por tanto, sigue intacta respecto a la vuelta a la calle de las cofradías. Las que tenían prevista su salida en el mes de mayo (Pastora de Trille, Desamparados, Rocío y María Auxiliadora) ya han suspendido; y si se confirma la posibilidad de que hasta mediados de septiembre no se autoricen, tampoco habrá procesión del Corpus, ni del resto de sacramentales, ni de la Virgen del Carmen, y tampoco las del 15 de agosto, entre otras salidas.