Las trabajadoras de ayuda a domicilio de San Fernando denuncian que la empresa las obligó a hacer trabajos para compensar los servicios suspendidos durante el estado de alarma a pesar de haberlas cobrado de la administración. Así explican que la  Junta de Andalucía ordenó el abono al Ayuntamiento de la totalidad de horas contratadas, que este pagó, aunque no se realizaran por cuestiones de seguridad. Frente a eso la concesionaria se inventó, critican, "la bolsa covid" que obligaba a las auxiliares a compensar esas horas de no atención a los usuarios.

Es, lamentan, "la enésima muestra de la falta de cumplimiento con nuestros derechos por parte de CLAROS SCA, empresa contratada por el Ayuntamiento". "Se aprovecharon de que en lo peor de la pandemia, durante el estado de alarma, nuestra máxima preocupación era poder ir a trabajar con unas mínimas condiciones de seguridad, para no contagiar a nuestros usuarios, ni contagiarnos nosotras, ya que carecíamos de protección adecuada y suficiente. Nadie se imaginó que la empresa, en lugar de preocuparse de eso, lo estaba por buscar mayores beneficios económicos aún", explican.

El colectivo acaba de constatar que entre marzo y junio de 2020, el periodo más duro del confinamiento, la Administración andaluza ordenó el abono al Ayuntamiento de la totalidad de las horas contratadas del servicio de ayuda a domicilio aunque no se realizaran para minimizar el contacto de las auxiliares con las personas dependientes, que eran el grupo de más riesgo. "Se redujeron las horas de atención a casi todos los usuarios por motivos de seguridad, pero parece que la empresa siguió cobrando de manera normal, aunque no se hicieran todas las horas", apuntan.

La empresa, lamentan, "se aprovechó" de la situación y creó la bolsa covid que obligaba a las trabajadoras a prestar otros servicios (ante las horas que no hacían con los usuarios habituales), tales como sustituciones por bajas laborales, sustituciones por vacaciones y nuevos usuarios que eran dados de alta en el servicio sin que eso se reflejara en contrato o en sus cotizaciones. "En ningún momento se incluyó esas horas de más en nuestros contratos y cuadrantes, aunque la empresa cobró por las mismas en el caso de nuevos usuarios, o se ahorró los costes que se tienen normalmente por cubrir su obligación de sustituir a una trabajadora enferma, accidentada o de vacaciones por otra que hiciera ese trabajo", detallan.

Las trabajadoras han solicitado información a la empresa sobre este asunto "hallando, como casi siempre, la callada por respuesta". Por eso, exigirán al Ayuntamiento ahora los contratos de trabajo, los cuadrantes y los documentos de cotización que la empresa debe adjuntar con las facturas de esos más de tres meses que duró esa situación en 2020. "Esperamos que dada la gravedad del tema, tengamos la máxima colaboración municipal, ya que nadie entendería lo contrario", señalan. La empresa "pudo estar obteniendo beneficios extras a costa del trabajo que no pagaron a las trabajadoras, pero si cobraron de las administraciones; estaríamos ante un caso que demostraría la catadura moral de esta empresa, que buscó solo incrementar su beneficio económico a costa de esta plantilla, que se dejaba la piel en la calle, en plena pandemia, asustadas con el virus y sin apenas medios de protección, para atender a los que más lo necesitaban en aquel momento", finalizan.