Como un jarro de agua fría ha sentado al Ayuntamiento la inclusión de La Isla entre los municipios costeros afectados por el decreto-ley de medidas urgentes que el Gobierno andaluz aprobó este martes para frenar aquellos planes urbanísticos que no se adaptan a los requisitos de protección impuestos por el POTA (Plan de Ordenación del Territorio Andaluz).

La noticia -que obligaría de inmediato a paralizar todos aquellos proyectos que se están tramitando y que afecten a los primeros 500 metros de la costa- hizo saltar todas las alarmas. El Gobierno municipal no ocultó su profunda preocupación ante las consecuencias que puede acarrear el decreto aprobado en el último Consejo de Gobierno. El impacto -advirtió- puede resultar tremendamente dramático. Proyectos en ciernes, desbloqueados tras casi una década, como es el desarrollo del Janer podrían irse al traste justo cuando empiezan a despuntar.

"La primera llamada que esta mañana ha tenido el Ayuntamiento ha sido de Zona Franca, preocupada por las consecuencias del decreto-ley", afirmó el delegado de Presidencia y Ciudadanía, Daniel Nieto, que recordó que el Consorcio gaditano está a punto de formalizar la anhelada compra del suelo al Ministerio de Defensa para desarrollar un parque empresarial en estos terrenos.

"Tiene que ser un error", constató, al tiempo que afirmó que desde el Gobierno municipal se había contactado con la Administración andaluza para aclarar la situación. El municipio de San Fernando cumple todos los requisitos que recoge el POTA.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha conseguido su aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía hace apenas unas semanas, recordó Nieto. De hecho, su entrada en vigor -y, con ello, la posible puesta en marcha de numerosos desarrollos urbanísticos- está solo pendiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

De ahí la desagradable sorpresa que el Ayuntamiento isleño al verse incluido entre la decena de municipios afectados por el decreto-ley. El mismo PGOU, que lleva tramitándose desde el año 1999, tendría que ser revisado justo cuando acaba de ser aprobado y consensuado con la Junta de Andalucía y cuando se dispone a entrar en vigor. De ahí que el Ayuntamiento considere que se trata de un error. "Sería muy grave. Sin ese instrumento de planeamiento no habría ningún desarrollo", afirmó el delegado de Presidencia.

"Otras ciudades, algunos de los municipios afectados, están todavía tramitando sus PGOU, no así San Fernando, que ya lo tiene aprobado, que cumple todas y cada una de las condiciones que la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa y que solo depende de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía", insistimos. "No se pueden cambiar las reglas del juego cuando la partida, en el caso de San Fernando, ya se ha terminado", advirtió el edil popular.

"Por eso entendemos que debe tratarse de una equivocación y que este decreto-ley no puede ni debe afectar a La Isla ni mucho menos frenar el PGOU y los proyectos urbanísticos en marcha", dijo el delegado de Presidencia, que pidió también al Gobierno andaluz una rectificación para aclarar que el municipio isleño no se verá afectado por las medidas adaptadas.

Para el ejecutivo isleño no hay dudas: si no es un error y la Junta rectifica, la inclusión de San Fernando entre los municipios costeros afectados es parte del "torpedeo sistemático" y "los palos en la rueda" a los que La Isla, según Nieto, es sometida por parte del PSOE. "Se perderían proyectos e inversores", auguró.