La madrugada del 20 de septiembre de 2021, los vecinos de la barrida Carlos III de San Fernando se despertaron sobresaltados por el incendio de una vivienda en el número 9 de la calle El Pardo. Efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Policía Local lograron rescatar a su moradora, Paquita, una mujer de 84 años muy querida en el barrio. Fue localizada con vida y trasladada al hospital rápidamente, aunque no llegó a sobreponerse. Falleció a la madrugada siguiente. Pocos días después, R.M.A., una sobrina que se encargaba de los cuidados de la anciana, fue detenida como responsable de haber provocado el fuego hasta en cuatro puntos diferentes del domicilio, no si antes haber vaciado las cuentas bancarias de su tía. El próximo mes de mayo, R.M.A. será juzgada por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz. Se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía de 29 años y medio como responsable de un delito de asesinato con alevosía en concurso con un delito consumado de incendio, un delito de hurto continuado, otro de apropiación indebida y seis delitos leves de lesiones.

Según recoge el escrito de acusación formulado por el Ministerio Público, la procesada acudía con frecuencia a la vivienda de su tía para realizar diversas labores domésticas, así como para acompañarla. Entre ellas había una relación "no sólo familiar, sino de confianza". Precisamente, de esa relación se valió la encausada para "sustraer del interior de la vivienda varias joyas de su tía" y luego venderlas.

Así, se apoderó de unos pendientes de oro, una gargantilla, un colgante, una medalla, una pulsera con monedas, otra de media caña y un anillo, entre otros objetos de valor, tasados en 7.515 euros.

Asimismo, prosigue el escrito de calificación fiscal, R.M.A. aparecía como autorizada y cotitular de la cuenta bancaria de su tía Paquita, quien tenía, además, un fondo de inversión en el que también figuraba su sobrina como persona autorizada.

A fecha 1 de septiembre de 2020, precisa la Fiscalía, ese fondo de inversión tenía un saldo de 18.359,03 euros, si bien se efectuaron dos reembolsos parciales, uno por importe de 9.000 euros en octubre de 2020 y otro de 9,332,08 euros en febrero de 2021, quedando un saldo final de 0 euros. Ambos reembolsos tuvieron como destino la cuenta conjunta que tía y sobrina compartían.

Las conclusiones provisionales de la acusación pública exponen que la acusada, "con el ánimo de obtener un incremento patrimonial ilícito", realizó desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 4 de octubre de 2021 un total de 127 traspasos de la cuenta de su tía a su cuenta particular hasta sumar 11.746,65 euros.

"Los traspasos los realizó R.M.A. vía on line con la apariencia de cobros de recibos de la luz, el agua, telefonía móvil, comisiones bancarias, recibos de seguros y conceptos extravagantes que podían llevar a confundir y engañar a la perjudicada, su tía, y evitar ser descubierta", señala el fiscal.

De la misma forma, la procesada "retiró dinero en efectivo por un importe total de 8.500 euros de la cuenta de su tía".

El incendio

En la madrugada del 20 de septiembre de 2021, sobre la dos y media de la madrugada, la encausada se dirigió al domicilio de su tía, pues ésta se había percatado del saqueo de sus ahorros. “Con el propósito de acabar con la vida de su tía, o al menos asumiendo que con su acción podía producirse un resultado mortal y siendo plenamente consciente de las consecuencias, entró en la casa y prendió fuego en cuatro zonas de la vivienda. En concreto, en la habitación de la víctima en la zona de la cama; en otra habitación prendió fuego en el sofá y en una banqueta reposapiés; y en una tercera habitación, en la parte inferior de la ventana”.

"La acusada aprovechó la madrugada puesto que a esa hora su tía dormía". Y es que Paquita "no esperaba ni preveía el ataque y no pudo ejercer defensa eficaz alguna", apostilla la Fiscalía para argumentar que este crimen fue un asesinato.

A consecuencia del fuego provocado por R.M.A., éste se propagó por el domicilio al igual que una densa humareda, la cual impidió a la perjudicada ver con claridad la puerta de salida y utilizar sus llaves para salir.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Local de San Fernando y de la Policía Nacional, quienes consiguieron echar la puerta abajo tras varios minutos de intento, aunque no pudieron acceder al interior del inmueble. Esa labor fue llevada finalmente a cabo por una dotación del cuerpo de Bomberos de la localidad, que logró rescatar a la anciana, a la que trasladaron al hospital Puerta del Mar de Cádiz.

A pesar de que Paquita llegó con vida al centro hospitalario, falleció al día siguiente, 21 de septiembre de 2021, a las 2:41 horas. "La causa fundamental de la muerte fue la inhalación oxicarbonada y la causa inmediata, una insuficiencia respiratoria aguda", explica el Ministerio Fiscal.

"La acusada, con total desprecio por la vida e integridad de las demás personas que se encontraban esa noche en el edificio, ocasionó (además de la muerte de su tía) que el fuego se propagase por parte del bloque, asumiendo el riesgo de que el incendio se extendiese por el resto de viviendas con el peligro inherente de inhalación de humos y gases para los demás, amén del peligro al que estuvieron expuestos los componentes de los servicios públicos de emergencias durante las labores de extinción", advierte la acusación pública, para luego añadir que hasta seis agentes tuvieron que ser asistidos por inhalación de humo.

Delitos y penas

La Fiscalía considera que R.M.A. es responsable de un delito de asesinato con alevosía en concurso con un delito consumado de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas por el que plantea una pena de 25 años de cárcel.

Solicita además tres años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida y 18 meses más de privación de libertad por el delito continuado de hurto en el que concurre la agravante de abuso de confianza.

Por último, el fiscal entiende que la encausada ha cometido seis delitos de lesiones leves (por los seis agentes heridos en la intervención) y pide por cada uno de ellos tres meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama a R.M.A. el reintegro de 27.761,65 euros (7.515 euros por la joyas sustraídas; 11.746,65 euros por los traspasos patrimoniales efectuados a su número de cuenta y 8.500 euros por las retiradas de efectivo) a fin que se incorporen a los que resulten ser herederos legales, con exclusión de la acusada conforme artículo 756 del Código Civil por causa de indignidad.

Igualmente, en caso de condena, la sobrina deberá indemnizar con 49.752,78 euros a la aseguradora de la vivienda de su tía por los daños ocasionados, así como a la aseguradora de la comunidad de propietarios, que reclama la cuantía de 10.505,14 euros también por daños. En total, 88.019,57 euros.