Los afectados por las expropiaciones acometidas en el transcurso de las obras del tranvía -principalmente, en la manzana de Montañeses de la Isla, a escasos metros del Castillo de San Romualdo- han anunciado "una oleada" de recursos "jamás vista en La Isla" para exigir responsabilidades "hasta personales" si, finalmente, este nuevo medio de transporte metropolitano no llega a ponerse en marcha en tiempo y forma. Esto es, antes del próximo 31 de marzo de 2019, que es la fecha límite que tiene la Junta de Andalucía. Si no se llega a esa fecha con el tranvía en funcionamiento, tendrá que devolver a Europa las ayudas millonarias que ha recibido para este proyecto.  

Pero eso será solo una parte del problema, porque los propietarios que en su día -hace ya una década- sufrieron las expropiaciones ante la reurbanización de la calle Real que se acometió para cometer el trazado del tranvía por el centro han anunciado una batalla administrativa y legal por todos los medios a su alcance. Lo han hecho a través de la plataforma antitranvía -Sentencia Tranvía- y de la formación política Plataforma 3R. 

Este anuncio llega en un momento crítico en el que, en plena campaña de las elecciones autonómicas, la preocupación ante la falta de noticias y la absoluta parálisis del tranvía -que hace meses que debería estar con las pruebas dinámicas- se extiende entre los ciudadanos. 

Según Plataforma 3R, la Subdirección General de Fondos FEDER ha confirmado que "el plazo máximo para tener operativa y funcionando, y sin posibilidad de prórroga alguna, la obra pública de la Junta de Andalucía dle gran proyecto del tren-tranvía metropolitano expiraría el 31 de marzo de 2019", lo que deja solo de margen para poner en marcha el tranvía un plazo de 120 días. 

Si es así y los peores pronósticos se cumplen, la formación anuncia "la mayor oleada de peticiones de responsabilidades jamás vista en la ciudad de San Fernando, en todos los órdenes jurisdiccionales y órganos nacionales y comunitarios".