El conflicto que enfrenta a la familia de Camarón con el Ayuntamiento isleño a cuenta de los derechos de imagen y del uso de la marca del artista –ahora que el Museo que se ha construido en San Fernando se dispone a abrir sus puertas en breve– ha elevado el tono. Y bastante. Los ánimos, a tenor de las declaraciones que ambas partes se han cruzado en los últimos días, están bastante caldeados. Y el idilio del que el Consistorio isleño y los herederos del artista han hecho gala públicamente durante los últimos años, en los que se ha ido dando forma a este proyecto financiado en gran medida con los fondos de la ITI, parece haber estallado en mil pedazos.

Aparentemente, claro. Porque tras la guerra que se ha declarado repentinamente a base de contundentes comunicados –haciéndose coincidir con el 70 aniversario del cantaor– subyace una estrategia de presión en torno a un acuerdo económico relacionado con la próxima apertura del Museo Camarón que ahora mismo, eso sí, parece muy distante.

Ayer, después de que el Consistorio aireara los 180.000 euros que hasta ahora se habían pagado a la familia en virtud del acuerdo suscrito en 2014, los herederos del cantaor, en un comunicado difundido a través de Europa Press, cargaron contra la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, a la que acusaron incluso de "no transmitir la verdad", que viene a ser una forma suave de decir que miente.

Visiblemente molestos por la manera en la que el Ayuntamiento de San Fernando había reaccionado a sus primeras declaraciones, acusaron a la alcaldesa de "poner a los vecinos de La Isla en su contra" al hablar de dinero y optaron por sacar la artillería pesada al poner en duda desde la manera en la que se había custodiado el legado de Camarón en los últimos años –según la familia, almacenado en una nave sin seguridad "y expuesto a cualquier expolio"– hasta su falta de protección en el nuevo equipamiento o los "retrasos" en la apertura del Museo, que atribuyeron a la decisión del gobierno municipal de cambiar la ubicación prevista inicialmente, en la Casa Lazaga, "que hubiera sido menos costosa y se hubiera terminado antes".

Lo cierto es que la rehabilitación del palacio isabelino de la calle Real –un edificio que presenta un ruinoso estado– no hubiese sido ni más barata ni menos complicada. Por eso mismo el Ayuntamiento se decantó por levantar el Museo en otro espacio en el que podía partir de cero, lo que siempre es mucho más fácil. Y el legado, al menos antes de ser trasladado al Museo, no ha estado almacenado durante años en una nave municipal sino resguardado en otras dependencias del Ayuntamiento –con vigilancia y seguridad– que nunca se han querido hacer públicas, precisamente, para garantizar la protección de la colección. Este periódico pudo comprobarlo al hacer un reportaje sobre esa herencia de Camarón al cumplirse dos años del convenio. 

También hay que tener en cuenta que las cantidades que la familia ha recibido en estos años, a pesar de que no había abierto el Museo Camarón, responden escrupulosamente a los términos de un legítimo acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento en el año 2014, cuando ya se sabía que poner en marcha este equipamiento cultural iba para largo y lo que se pretendía era asegurarse la colección.

En ese cruce mutuo de acusaciones lo que interesa es saber si el convenio firmado hace 6 años da cobertura a la apertura del Museo Camarón o, como sostiene la familia, no es sino un punto de partida a desarrollar con otros acuerdos que todavía no se han producido y de los que el Ayuntamiento –según su versión– parece rehuir.

A través de su representante, Paco Moreno, los herederos de Camarón desvelaron ayer que el Ayuntamiento hizo una oferta por los derechos de imagen y por el uso de la marca durante 50 años que asciende a 150.000 euros, cantidad que –a tenor de la reacción de la familia– dista mucho de convencerles. Esta oferta –afirmó– se hizo el pasado jueves, apenas 48 horas antes de que la familia lanzara un comunicado acusando al Ayuntamiento de "intromisión ilegítima" en el uso de la marca.

Para la familia está claro: si el Consistorio isleño hizo una propuesta es porque sabe que no tiene los derechos de imagen ni el uso de la marca. "Así, el Ayuntamiento, pese al comunicado remitido este sábado a los medios, da la razón a la postura de la familia: los derechos de imagen, marca y contenidos están pendientes de solucionar", subrayaron en el punzante comunicado lanzado ayer, en el que además insistieron en que los 200.000 euros en concepto de derechos de propiedad intelectual vinculados al Museo de los que habla el gobierno isleño tampoco se han abonado.