PP, PSOE, PA, Cs y hasta IU. Ninguna de las siglas representadas en el Ayuntamiento entre 2007 y 2015 conseguía escaparse de la sonada denuncia que la formación política local Plataforma 3R presentó ante el Tribunal de Cuentas hace dos años con la firme intención de abrir un proceso –y una investigación– acerca del siempre controvertido asunto de las asignaciones municipales que reciben los grupos políticos, previsiblemente con la intención de sacar a la luz supuestas irregularidades compartidas por unos y otros.

Sin embargo, dos años después la denuncia ha quedado en nada. La formación independiente, que carece de representación municipal, se ha llevado un nuevo varapalo judicial. El Tribunal de Cuentas ni siquiera llegó a admitirla a trámite al no existir base en los argumentos esgrimidos para emprender un proceso contable. El auto de la sección de enjuiciamiento en el que se descarta la acción pública ejercitada por José Tomás Sestelo Legupín –que era el número 4 en la lista con la que Plataforma 3R se presentó a las municipales de 2015– es del pasado 8 de mayo de 2018.

Y ahora, el órgano fiscalizador ha dado definitivamente por zanjado el tema al descartarse el recurso de apelación –que se declaró desierto en el pasado mes de noviembre– y la posterior tentativa de impugnación mediante un recurso directo de revisión. Un nuevo auto dictado por la sala de justicia del Tribunal de Cuentas el pasado 25 de febrero los desestima advirtiendo tajantemente de que no cabe interponer recurso alguno contra esta última resolución.

Ayer se dio cuenta en el pleno ordinario de marzo de este auto del Tribunal de Cuentas, lo que sirvió de acicate para que la concejala no adscrita, Inmaculada López, retomara uno de sus temas preferidos para arremeter contra la falta de transparencia del resto de partidos representados en el Ayuntamiento.

Ayer en el pleno se dio cuenta del auto que descarta los recursos, lo que zanja definitivamente el proceso

"Me río yo del gobierno de la transparencia", llegó a decir esta concejala durante el debate, donde anunció que, si continúa en el próximo mandato, será ella misma la que volverá a presentar una denuncia similar a la impulsada por Plataforma 3R "porque entonces sí contaré con medios y dinero para presentarla".

La reacción indignó al resto de grupos, que fueron contundentes. José Loaiza, el portavoz del PP, reconoció literalmente estar harto de que se cuestionara una y otra vez a los partidos políticos por el uso –uso legal, insistió– de las asignaciones, "desprestigiándolos y poniendo en duda la honorabilidad de 24 concejales". Citó las numerosas denuncias y recursos presentados por Plataforma 3R contra el Ayuntamiento y el resto de partidos judicializando la actividad política. "Todas han sido desestimadas", apuntó.

Y desde el PSOE, el concejal Conrado Rodríguez subrayó que la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas ni siquiera fue admitida, "porque no tenía fundamento ninguno".

La denuncia presentada por Plataforma 3R se basaba en un controvertido informe emitido por el interventor unos meses antes en el que se advertía de que el total de estas asignaciones, en ese margen de ocho años, había ascendido a 3.028.508,17 euros, un dinero público de cuyo uso –decía– no había justificación alguna al no existir obligación legal de dar cuenta.

Fue, precisamente, la controversia suscitada con dicho informe la que impulsó un pacto político para presentar cada año –en el mes de febrero– las cuentas de esas asignaciones, aunque la polémica no ha desaparecido del todo. De ves en cuando, como ocurrió en el pleno de ayer, reaparece.