Podemos San Fernando exige una mesa de seguimiento para comprobar el cumplimiento del contrato de ayuda a domicilio. Este órgano estaría conformado por las trabajadoras y la oposición, que en el pleno del jueves reclamó que garantizaría que la empresa aplique las condiciones del contrato y que se fiscalice si respetan los derechos laborales de las auxiliares.

La portavoz del grupo municipal de Podemos, Ana Rojas, entiende que esta fiscalización está más que justificada ante los reiterados incumplimientos en cuanto a la atención psicológica de las trabajadoras, que nunca se les ha proporcionado; la falta de remuneración de la formación, la falta de uniformes y la falta de material técnico y de los servicios de enfermería o fisioterapia, entre otras cuestiones.

Rojas apunta a la última denuncia de las trabajadoras contra la empresa por no remunerar los desplazamientos, algo a lo que tienen derecho. La edil de la formación morada señala al gobierno "por no decir la verdad" cuando aseguraba que la atención psicológica era para los usuarios cuando el contrato especifica que se trata de un derecho de la plantilla.

La portavoz insiste en tachar de irresponsabilidad la decisión del gobierno de prorrogar el contrato con Claros SCA "cuando se había comprometido a no hacerlo", basándose además en un expediente repleto de "inexactitudes y fallos que no refleja la realidad de las trabajadoras".  Además, recrimina que el plan de conciliación que hizo que Claros SCA y que supuso que quedara en la primera posición en el concurso no se ha aplicado, no ha sido conocido por las trabajadoras antes de la prórroga a pesar de las constantes peticiones de conocer el expediente y no supone ninguna mejora con respecto a las medidas a las que ya se obliga por ley.

Desde la Podemos seguirán denunciando "los incumplimientos del gobierno" con respecto a uno de los servicios más importantes, esenciales y sensibles de la ciudad. De hecho pide que el gobierno controle que las trabajadoras tengan "todos sus derechos laborales garantizados". Debe dejar de ser, advierten, un servicio "sostenido por la precariedad de las trabajadoras con el beneplácito del gobierno".