El Pleno muestra su apoyo a los afectados por el cierre de iDental

Hasta 23 expedientes ha abierto hasta la fecha la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de los afectados por el cierre de la empresa iDental, que ha dejado a un gran número de personas con tratamientos a medidas o incluso mal realizados. A las consecuencias económicas para muchos de estos ciudadanos, que se acogieron a lo que la empresa denominaba asistencia dental social por su falta de recursos, se suman los problemas de salud que arrastran. El Pleno se solidarizaba ayer con este grupo de personas al tratarse este asunto en una moción presentada por el grupo Sí se puede, en la que se expuso la situación y se dieron detalles de los pasos que se están dando para ayudar a estas familias.

“Una estafa en toda regla” es la forma con la que el concejal de Presdiencia, Conrado Rodríguez, se refería al cierre de iDental y la situación en la que ha dejado en toda España a cientos de personas. “Con el lema de asistencia dental social la empresa captó a cientos de clientes o pacientes con necesidades de tratamiento bucodental y en buena parte con bajo nivel económico. Les ofrecían para el pago de los servicios firmar contratos con bancos y financieras”, exponía la concejala de Sí se puede, Laura Prieto. “Se lo montaban bien”, ironizaba en su intervención la concejala no adscrita, Inmaculada López, al recordar que se crearon más de cien sociedades en torno a iDental, “una configuración ideada precisamente para prevenir y minimizar riesgos, porque de esta forma la responsabilidad de cada compañía se delimita”, según sus palabras. Se presentaban con grandes descuentos, que en algunos casos llegaban a superar el 80% del precio y con una financiación a medida. “Pero este tipo de clínicas lo que hace es inflar los precios para poder hacer esos grandes descuentos”, insistía López, redundando en los comentarios de Prieto que había hablado de tratamientos presupuestados en 30.000 euros que con la gestión proporcionada se quedaban en unos 4.000 euros. Su cierre ha implicado que el tratamiento de muchas personas haya quedado sin finalizar. Incluso, y peor aún, problemas económicos –por que las entidades financieran reclaman los pagos– y de salud por las malas prácticas.

“Muchas de las familias presentan secuelas psicológicas, odontológicas o nutricionales”, advertía la concejala de Sí se puede, que lamentaba el tratamiento deficiente que han padecido estas personas. A muchas personas se les ha caído los implantes. Otros han visto cómo sus dentaduras quedaban destruidas. Hay pacientes a los que los tornillos colocados se les han salido. Está en duda el uso de material esterilizado en la atención a estas personas, por lo que muchos han tenido que hacerse las pruebas de hepatitis y VIH. Muchos tratamientos han quedado a medias. Eso ha hecho que muchas personas tengan problemas para alimentarse y que incluso en algún caso haya sido necesaria una intervención “para extraer todos los elementos del tratamiento de iDental”, contaba la concejala del PP María José de Alba.

“Desde 2015 se han ido sucediendo reclamaciones de mala praxis”, señalaba la concejal no adscrita sobre el manejo profesional de la clínica. El edil del grupo Ciudadanos Francis Posada aportaba algunos datos: en Andalucía ya hubo en 2016 más de 160 denuncias; en 2017, criticó, la Junta no hizo nada a pesar de la existencia de un informe desfavorable para la apertura de un centro en Sevilla. Por eso, en el Parlamento andaluz, explicó, se ha aprobado una proposición no de ley en la que entre otras cuestiones se recoge la creación de una mesa de expertos independientes para que diriman si la Administración autonómica puede haber incurrido en responsabilidad patrimonial por la obligación que tiene de hacer labores de inspección y supervisión en el ámbito sanitario.

Desde Sí se puede se defendía en la moción la necesidad de que estas personas cuenten con un apoyo específico municipal, del que ya se había dado cuenta un día antes por parte del gobierno. Además de haberse atendido a más de una veintena de afectados, desgranaba Rodríguez, se ha recibido el protocolo específico establecido por la Junta para los trámites de las reclamaciones. Se reclama contra iDental en primer lugar y después contra las entidades financieras. Si estas no responden se dirigirá la queja al Banco de España. “No se va a introducir ningún nombre en el fichero de morosos hasta que las reclamaciones se resuelvan”, añadía el concejal socialista. La Consejería de Justicia trabaja para que estas personas tengan asistencia jurídica gratuita. Ayer mismo se supo que la Audiencia Nacional asume la investigación por los hechos que podrían ser constitutivos de varios delitos.

La propuesta de Sí se puede incluía la petición de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contemplE entre sus prestación la atención bucodental de los ciudadanos. En ese sentido, el portavoz del grupo Andalucista, Fran Romero, se sumaba a esta reclamación a la Junta de una mejor cobertura de la salud dental. La moción fue aprobada por unanimidad.