El Partido Popular (PP) va a pedir que la adjudicación del servicio de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos se quede sobre la mesa en el pleno que está previsto celebrar el día 21. La negativa del equipo de gobierno, advierten, supondría su voto negativo –la formación se reafirmaría en su postura– "ante un pliego que consolida un sistema fracasado".

Los populares, explica el concejal Daniel Nieto en un comunicado, seguirán rechazando este contrato mientras no se adopten las medidas correctoras necesarias. Se refiere a lo que considera una "falta de objetividad" en el pliego. La adjudicación, insiste en ese argumento, se ha resuelto "mayoritariamente con criterios subjetivos". "No estoy diciendo que el contrato se haya adjudicado a una empresa al azar, pero no se ha concedido a quien mejor porcentaje objetivamente arrojó en el baremo de adjudicación del servicio. Y desde luego en la gestión y control posterior del contrato durante su periodo de vigencia, tampoco", afirma el concejal popular. 

El PP ya había mostrado su preocupación por la posibilidad que tiene la empresa de "trocear" el contrato hasta en otros diez contratos sin ningún tipo de control por parte de la Administración local, lo que resta "transparencia" a la gestión de este servicio en cuanto a la falta de criterios para esta subcontratación posterior.

Los efectos nocivos del nuevo contrato ya comienzan a hacerse visibles antes de entrar en funcionamiento, ironiza Nieto, que hace referencia a las críticas de los trabajadores y la representación sindical que incluso han anunciado huelga para la Semana Santa. En el caso de la plantilla se quejan de que los datos económicos no les cuadran para sacar adelante mejoras salariales que siguen pendientes después de diez años sin apenas incrementos. No hay margen para la negociación al estar en vigor la Ley de Desindexación que acabó con la revisión de los precios públicos según el IPC y otros índices mientras un contrato está en vigor, lo que también limita el incremento del precio de la mano de obra. A eso se une el bloqueo de la negociación del convenio colectivo desde que se inició el proceso de licitación, con la amenaza además de perderlo si no se cierra un nuevo acuerdo antes del próximo diciembre.