El Partido Andalucistca echó ayer mano de documentos notariales para demostrar que el concejal socialista Francisco Sánchez Reyes, a diferencia de sus compañeros en la desaparecida Fábrica de San Carlos (FSC), cobró dos veces: por la venta de los terrenos de la extinta factoría, que fueron recalificados por el Ayuntamiento, y por el ERE que la Consejería de Empleo concedió en 2002 y cuyo carácter "unipersonal" denunció la semana pasada el Partido Popular.

Sin embargo, no es el ERE advertido por el PP, que se incluyó en una addenda al convenio inicialmente suscrito, del que se beneficiaron otros 19 trabajadores de FSC, el asunto sobre el que exige explicaciones la formación nacionalista que lidera en San Fernando Manuel María de Bernardo. Lo que preocupa al PA es el hecho de que el concejal socialista cobrara en dos ocasiones y, por consiguiente, cobrara casi el triple que sus compañeros.

Los andalucistas lo denunciaron la semana pasada. Y ayer, tras sopesar las explicaciones dadas por el edil del PSOE el pasado viernes -en las que afirmaba que otros compañeros de FSC también cobraron por el ERE y por la venta de los terrenos- insistieron en su denuncia.

Esta vez, el PA se apoyó en documentos notariales en los que se confirmaba que sólo dos ex trabajadores de FSC cobraron por los dos conceptos: por el ERE y por la venta de los terrenos. Y uno de ellos era Francisco Sánchez Reyes.

Los andalucistas -que entienden que Sánchez Reyes, al figurar como administrador único de la sociedad en el proceso de liquidación de la fábrica, se incluyera posteriormente en un ERE a través de una addenda al convenio suscrito con la Consejería de Empleo- se preguntan sin embargo por qué existió este tratamiento especial para que, a diferencia de sus compañeros, cobrara dos veces.

Tras la denuncia del PP, la semana pasada, el ex trabajador de FSC y actual concejal del grupo socialista aseguró a este periódico que no hubo indemnizaciones por el cierre de la factoría y que las cantidades que cobraron los empleados fueron el producto de la venta de un suelo que pasó a ser de su propiedad al hacerse ellos con las acciones tras la quiebra de la empresa.

Para el PA, la explicación dada por Sánchez Reyes no es del todo correcta. Es más, recuerda que el Ayuntamiento favoreció dicha operación de venta del suelo -para la que se creó la sociedad Sogescar, de la que forma parte Esisa, y retiró el embargo de 63 millones de las antiguas pesetas que pesaba sobre FSC- con el único propósito de facilitar que los trabajadores de FSC, tras su cierre definitivo, pudieran cobrar indemnizaciones. Se trataba de actuar ante el drama social que provocó la desaparición de la factoría.

De hecho, puntualiza la formación nacionalista, el pago de las distintas cantidades que la plantilla recibió se realizó como si se tratara de indemnizaciones y no siguiendo un criterio de proporcionalidad como propietarios en la venta de los terrenos.

Fue -insiste el PA- la intervención de la Consejería de Empleo a través de los 19 ERE concedidos a FSC la que permitió que el resto de la plantilla -172 trabajadores- alcanzara una liquidación equivalente en un 98 por ciento a los 45 días por año trabajado. De ahí que siempre se haya considerado que fueron indemnizaciones, sostienen los andalucistas.

Recuerda el PA que, sin los ERE de la Junta de Andalucía, las cantidades que cobró la plantilla de FSC hubieran supuesto tan sólo un 82 por ciento de la indemnización equivalente a los 45 días por año trabajado. Por eso, considera irregular que se cobrara por ambos conceptos. De hecho, insistió ayer, tan sólo dos trabajadores lo hicieron.

"No había suficiente dinero para que los trabajadores cobraran el equivalente a los 45 días por año trabajado que les hubiera correspondido como indemnización por despido", explicó el PA. "Se tomó entonces la decisión de aprobar un ERE de 19 trabajadores que de esa forma se separaban de la empresa. Los 19 que aceptaron ir en el ERE, por solidaridad con el resto de compañeros, comprendían que, al renunciar ellos a la indemnización por la venta de los terrenos, sus compañeros podrían cobrar lo que les correspondía".

Sólo uno de los ex trabajadores que se incluyó en el ERE -recuerdan los andalucistas- rehusó renunciar a la venta de terrenos. Es el único que, junto a Sánchez Reyes, ha cobrado dos veces.

Los ERE permitireron que la plantilla se quedara en 172 trabajadores que, una vez retirado el embargo del Ayuntamiento y vendidos los terrenos a Sogescar, cobraron en función de su antigüedad en la empresa. La media de cobro de estos ex empleados de FSC fue de unos ocho millones de pesetas. Al contado se aportó el 28 por ciento de la indemnización (el pago se hizo efectivo el 10 de agosto de 2001). El resto, se abonó en dos pagarés con vencimientos el 10 de febrero de 2003 y el 10 de agosto de 2004. El edil socialista figuraba en este grupo, como el PA demostró con un listado notarial en el que se aprueba la relación, con nombre y apellidos, de los 172 trabajadores a los que se les pagó con cargo a los ingresos por la venta de terrenos. En ese listado sólo se incluye uno de los beneficiarios de los ERE, la persona que no quiso renunciar a su participación en la venta del suelo en solidaridad con sus compañeros. Los 18 restantes trabajadores no figuran, según el PA.

Por su parte, la liquidación del grupo de los 19 ERE alcanzó 191.257.299 pesetas. La media de cobro de estos trabajadores fue de unos 10 millones de pesetas, a rapartir lógicamente en función de su antigüedad en la empresa.