El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Fernando que ordena el archivo de las diligencias abiertas en torno a la casa de la ex edil de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, insiste de manera explícita en que "las obras ejecutadas son acordes a derecho, se han ejecutado con sus oportunas licencias, cuando ello ha sido preceptivo, y cumpliendo todos los trámites oportunos". 

La resolución judicial, que esta mañana ha dado a conocer el equipo de gobierno, descarta de manera tajante que haya el más mínimo indicio de delito en los hechos denunciados por la formación política local Plataforma 3R, que dieron origen -primero- a una investigación de la unidad judicial de la Guardia Civil y, posteriormente, a la apertura de diligencias en el Juzgado isleño a petición de la Fiscalía. 

Lo hace, además, con contundencia al puntualizar en sus argumentos que para ordenar el archivo de unas diligencias por descartarse cualquier tipo de infracción penal en los hechos denunciados "tiene que ser evidente y de una claridad que no ofrezca el menor resquicio de duda". Y tras exponer las conclusiones a las que llega la investigación de la Guardia Civil, en las que se precisa igualmente "que los hechos descritos en la denuncia no se corresponden con tipo penal alguno".

En el auto se subraya que las obras acometidas por la edil de Urbanismo en una histórica finca que adquirió en el centro de San Fernando al objeto de acondicionarlo como vivienda familiar "se venían realizando en el interior del inmueble y consta que las mismas se estaban ejecutando en virtud de la orden de ejecución que ya en 2017 no fueron atendidas por su anterior titular". 

También se subraya que no se ha detectado "ninguna irregularidad que afecte al patrimonio histórico" e, incluso, se indica que durante el proceso se ha presentado la preceptiva declaración responsable acompañada de los proyectos básico y de ejecución a la hora de acometer las obras. 

Así que la resolución no solo archiva las diligencias judiciales con sólidos argumentos sino que también despeja toda duda acerca de la legalidad de las obras y del proceder de la ex concejala de Desarrollo Urbano, como ha subrayado este jueves el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, al dar a conocer el auto. 

El socialista, desde el ejecutivo municipal, ha defendido la actuación "responsable" del gobierno municipal ante este tema y ha pedido cuentas a los portavoces de los principales partidos de la oposición, PP y AxSí, a los que ha acusado de ir mucho más allá de "la legítima acción política" y del cometido que tienen encomendado para ejercer las funciones de control del gobierno "para invadir la esfera personal de la edil Claudia Márquez, calumniando, injuriando y hablando de comisión de delitos". 

El proceder de José Loaiza y de Fran Romero -ha señalado Rodríguez, que ha hablado incluso de "presiones en el ámbito administrativo" para influir en las resoluciones- ha estado "lejos de la prudencia" y se ha caracterizado por "una destacable falta de ética". 

"Ha hablado -especialmente Loaiza- de la familia de la compañera (Claudia Márquez) y ha introducido (en el tema) elementos que no tienen nada que ver", ha advertido también al brindar a los dos portavoces la oportunidad de pedir disculpas públicamente. 

"Loaiza, en los plenos, decía que ya se vería quién tenía razón, si Claudia Márquez o él. Y decía que ya se vería quién tendría que dimitir", ha recordado Rodríguez, que incluso ha apuntado con estos argumentos a la dimisión del portavoz y presidente del PP de San Fernando.