La reciente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la derogación definitiva por parte del consorcio para la gestión de residuos urbanos de la tasa impuesta para financiar el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos en varios ayuntamientos, entre ellos el de San Fernando (además de Chiclana y Puerto Real) ha desencadenado una gran confusión entre la ciudadanía transcurridos ya más de dos años de la polémica a pesar de tratarse de una mera formalidad administrativa. 

El edicto, publicado el BOP del jueves, ha circulado por las redes sociales poniendo una vez más en evidencia las numerosas dudas que ha dejado la deficiente tramitación de esta tasa, sus retrasos en el tiempo y los interesados silencios y reproches que se han cruzado mutuamente la clase política en estos años y que no han hecho sino acrecentar la confusión en torno a si había o no que pagar la citada tasa. 

Lo cierto es que la publicación que recoge el BOP esta semana no es sino la culminación de un expediente administrativo iniciado casi cinco meses con la correspondiente resolución de las alegaciones presentadas al respecto. Una formalidad. Porque el acuerdo de la junta general del consorcio en el que se acuerda la derogación de la tasa se remonta al pasado 15 de octubre de 2020 y fue publicado apenas unos días después. Aunque evidentemente, como todo proceso público, tuvo posteriormente su periodo de exposición pública y presentación de alegaciones que, una vez resueltas, han dado lugar a la aprobación definitiva en la sesión ordinaria de la junta general celebrada telemáticamente el pasado 11 de febrero. 

A efectos prácticos para la ciudadanía no supone nada. Y en el caso de San Fernando hay que tener en cuenta que ya en noviembre de 2019 y tras más de un año de controversia y de reproches políticos entre PSOE y PP en torno a la paternidad de la citada tasa consorcial, el pleno aprobó asumir directamente su pago en forma de cuota anual al consorcio a partir de 2020, lo que a su vez sirvió para justificar la subida del IBI en un 6% que se aplicó en ese mismo ejercicio. Eso sí, los isleños a partir de ese año de 2020, quedaban exentos del pago directo de la tasa consorcial.

Aunque nada de todo esto evita que se siga reclamando con carácter retroactivo y que los ciudadanos tengan que pagar los recibos pendientes que responden a los ejercicios en los que la polémica tasa consorcial sí estuvo en vigor y que, a causa del enorme retraso que ha acumulado su aplicación, empezaron a llegar a los domicilios isleños en 2020, con las consiguientes interrupciones que además supuso el confinamiento y el estado de alarma. Se trata de dos anualidades por recibo (de 76 euros en el caso de una residencia media): las de 2016 y 2017 -que son las que se empezaron a reclamar en 2020 y que numerosos ciudadanos han pagado ya- y las de 2018 y 2019, que toca pagar ahora.