La Junta descarta que el bloque de Juan Franzón Añino tenga aluminosis

Los vecinos no entienden nada. No logran encontrar sentido al periplo que han sufrido con sus viviendas. Hace casi dos años el Ayuntamiento obligó al desalojo del bloque donde vivían, el número 5 de la calle Juan Franzón Añino, en La Ardila. La Administración local atendía al informe encargado por un vecino en el que se afirmaba que el edificio sufría aluminosis, por lo que existía riesgo de derrumbe. Los afectados tuvieron que dejar sus casas entonces, y ahora no comprenden que el dictamen fuera erróneo, pero sobre todo que Urbanismo aceptara las conclusiones sin comprobar si se correspondía con la realidad. Los estudios encargados por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Fomento y Vivienda, a un empresa especializada resuelven que no hay daños estructurales, y que ni siquiera el hormigón sufre alteración alguna.

Los problemas surgieron al caerse el techo de uno de los pisos por las obras que otro residente estaba realizando. El edificio tenía puntales. Consultó el afectado entonces con un técnico que consideró que la situación del bloque era grave. Sus conclusiones fueron transmitidas por los responsables de la comunidad de propietarios al Ayuntamiento, que ordenó la salida inmediata de todos los vecinos. El informe de un arquitecto técnico aseguraba que las grietas habían aumentado, sin que el apuntalamiento fuera suficiente para garantizar la seguridad del edificio. Ocho viviendas fueron deshabitadas. Ocho familias que tuvieron que buscarse otro sitio donde vivir, y que han tenido que hacer grandes esfuerzos para salir adelante. El caso de Ana María Bouzo y su marido, que se quedaron en paro, teniendo que hacer frente a un alquiler y a la hipoteca de una vivienda que no podían usar, fue el detonante curiosamente de que este problema tenga ahora prácticamente fecha de resolución. Ellos fueron quienes expusieron la situación a Izquierda Unida (IU), que preguntó al respecto en la Delegación Territorial, cuyos responsables decidieron analizar qué ocurría año y medio después de la orden municipal. De hecho, la Junta es propietaria de dos de los pisos afectados. Ante las dudas, optaron por realizar los estudios necesarios para comprobar el estado real de la finca.

Los trabajos se encargaron a una empresa experta, que ha comprobado el estado real de la estructura. Han realizado para ello pruebas de carga, con la colocación de sensores que sirven para detectar alguna alteración y el uso de agua como peso para esas comprobaciones. No captaron nada al respecto. Los test al hormigón, que se suponía enfermo de aluminosis, tampoco han arrojado resultados preocupantes. No hay aluminosis, ni otro problema químico, que pudiera hacer temer por el edificio. Sí se han señalado daños producidos por el cierre durante dos años de este bloque de viviendas de La Ardila. Hay numerosas humedades, producidas por la condensación, pero también por filtraciones del exterior, entre otras cosas por los bajantes. Eso ha afectado en algunos puntos a las varillas de hierro de la estructura.

Para reparlo hará falta picar, resanar y tratar los elementos de hierro, y por tanto ejecutar una obra; además, se deberán arreglar los bajantes. Técnicos de la Junta informaron ayer a los vecinos de las conclusiones y de estos trabajos necesarios y les explicaron que no tendrán que sufragar los gastos. Se hace cargo de ello la Administración andaluza, que ya ha buscado la partida necesaria para hacer esta actuación y que calcula que tras Semana Santa se pueden iniciar las mejoras. Entre un mes o mes y medio estiman que podría durar, por lo que los vecinos estarían en sus casas a finales de mayo. Aunque no hay riesgo alguno en estos momentos, los responsables de la Junta han pedido a los afectados paciencia para regresar a sus pisos, de manera que las obras puedan llevar a cabo sin la dificultad de que se esté habitando ya el bloque. Una vez se concluyan, será el Ayuntamiento -al que se mantiene informado del proceso en todo momento- el encargado de emitir la cédula de habitabilidad.

El caso de Ana Mari comienza a tener solución con estas acciones, y con la paralización del lanzamiento que afecta a su vivienda. Se está negociando un acuerdo con la entidad financiera, para que le den otras condiciones para solventar la deuda que tiene por su hipoteca.