La inclusión de los dos ex alcaldes andalucistas -Antonio Moreno y Manuel de Bernardo- como responsables subsidiarios del alcance de la caja en la demanda que el Ayuntamiento interpuso ante el Tribunal de Cuentas en septiembre de 2012 ha sido uno de los aspectos más controvertidos de un caso que -conviene tenerlo presente- se centra casi en exclusiva en los dos funcionarios que estaban al cargo de la caja.

Lo cierto es que el Ayuntamiento, con su demanda, no hizo sino confirmar lo que casi un año antes había incluido la Cámara de Cuentas de Andalucía en su propuesta. Hubiera sido difícil -y hasta más polémico- que el Consistorio, la parte afectada por el robo millonario, hubiera actuado en contra de los criterios que ya había sentado el órgano fiscalizador andaluz. En todo caso, las responsabilidades que se les exigen a los dos regidores son atenuadas y -como siempre se ha especificado desde el Gobierno local- en su calidad de ordenadores de pagos. Es decir, simple y llanamente porque se hicieron responsables con la firma que estamparon a las cuentas.

Los alcaldes se defienden de estos argumentos alegando la imposibilidad material de descubrir algo que previamente había pasado desapercibido a los funcionarios que tenían a su cargo la custodia de los fondos y que, de hecho, durante años se consiguió ocultar con éxito. Era imposible -advierten- detectar un error de una línea en medio de una documentación que alcanza una media de 3.000 folios.

Interventores y tesorera, por su parte, rehuyen cualquier tipo de responsabilidad aferrándose por un lado a la falta de medios y, por otro, al notorio retraso que arrastraba la contabilidad. Y los cajeros niegan haberse llevado un solo euro de las arcas municipales. Apuntan arriba, a sus superiores en el área de Hacienda y aluden a los controles diarios que se llevaban a cabo. Clemente, en varias ocasiones, se ha referido a la existencia de una trama organizada al negar cualquier tipo de responsabilidad.