"Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la Orden Ministerial de 10 de febrero de 2010 de la modificación de la zona de servidumbre de protección del deslinde aprobado en 28 de diciembre de 2001 del término municipal de San Fernando". Después de la publicación de este texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el pasado 20 de febrero, los vecinos de la barriada de La Almadraba podrán respirar tranquilos siete años después de empezar una lucha para evitar que sus viviendas quedaran dentro de los límites de una servidumbre de protección de los bienes de dominio público marítimo terrestre que hubiera supuesto finalmente su derribo. A partir de esta semana los afectados comenzarán a recibir las notificación enviadas desde la Demarcación de Costas en Cádiz, aunque la Dirección General -en Madrid- ya avisó a la asociación de vecinos, vía correo electrónico, de la orden ministerial el mismo día que se firmó.

El plazo de dos meses que las administraciones públicas afectadas tienen para interponer en su caso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional comienza al día siguiente de que se hagan efectivas las notificaciones. Son Ayuntamiento, Junta de Andalucía -concretamente la Consejería de Medio Ambiente- y Ministerio de Defensa. Hay que recordar que la modificación de la servidumbre de protección afecta al tramo comprendido entre la carretera de Camposoto y el muelle de Gallineras, por lo que además de particulares también será necesario dar cuenta de esta decisión a los propietarios de las salinas de este área.

La medida del Ministerio de Medio Ambiente supone para los vecinos de La Almadraba que los terrenos donde se ubican las viviendas pasan a ser suelo urbano en el nuevo Plan General de Ordenación (PGOU), permitiendo que los edificios sigan en pie. Una vez finalice el proceso estos isleños podrán realizar obras en sus casas, algo que no podían hacer en los últimos años por el grado de protección que existía en la zona. Eso sí, tendrán que cumplir con los límites que estipula la nueva protección a la que se acoge esta superficie, y que cumple con la actual Ley de Costas.

Desde la asociación de vecinos, su presidente, José Ruiz Cortejosa, no podía ocultar la satisfacción que supone la finalización de este largo proceso. "Ahora nos llega la recompensa después de siete años de batalla para defender nuestras viviendas. Han sido muchos sinsabores, pero ahora llega la alegría", comentó. No quiso olvidarse del esfuerzo y la paciencia de los vecinos, "mucha gente se ha quedado por el camino y también es justo recordarlos", apuntó. Como tampoco dejó de lamentar la falta de apoyo hacia la barriada de algunos dirigentes políticos. "Algunos que han dejado la política nos han aportado más daño que beneficio y no lo olvidamos", advirtió. Otros han estado a su lado en este periplo.

Aunque sabían que la modificación de la servidumbre de protección del deslinde de este tramo se haría realidad -y de esta forma pasaría de 100 metros a 20 metros-, la confirmación por parte de la Dirección General de Costas les quita un peso de encima. La entidad vecinal fue la primera en conocer la resolución del Ministerio y así se lo transmitió a los vecinos, que a lo largo de esta semana empezarán a recibir las notificaciones.

Después de esto, apuntan desde la asociación de vecinos se inicia otro trabajo: será momento de sentarse con la Gerencia Municipal de Urbanismo para la elaboración del plan especial para la zona que debe quedar recogido en el nuevo Plan General.